Son muchos los hondureños que ayer recibieron con estupor el asesinato de seis personas, miembros de una misma familia, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, una de las regiones del país que ha experimentado en los últimos meses un sustancial incremento en los hechos de violencia.
En este caso, las autoridades policiales investigan como principal móvil disputas ligadas al microtráfico de drogas y al robo de motocicletas. Un jefe policial de la zona señaló que al menos tres de las víctimas tenían antecedentes por delitos relacionados con la venta de estupefacientes y que también eran investigadas por su presunta vinculación con el robo y desmantelamiento de vehículos.
Pero este tipo de violencia no solo alcanza al departamento de Yoro, con siete eventos. Se le unen Cortés (5) y Atlántida (3). Las víctimas, muertos y heridos, se cuentan por decenas.
El Conadeh estima que, desde diciembre de 2022, 17 de los 18 departamentos del país fueron escenario de 130 muertes múltiples (de tres o más víctimas) y que la impunidad sigue campante en casi todos los casos registrados.
De ahí que diversas voces clamen para que las autoridades competentes impulsen políticas públicas efectivas en materia de prevención, investigación, identificación y castigo de los responsables, quienes lamentablemente siguen libres.
Es urgente “que se le garantice a la población el derecho a la seguridad y en particular el derecho a la vida”, señaló en un comunicado el Conadeh.
Limitarse a levantar los cuerpos e informar sobre las posibles causas de los asesinatos múltiples definitivamente no es la solución a la crisis de violencia que golpea al país. Recuperar la paz en Honduras requiere voluntad política, instituciones fortalecidas y, sobre todo, poner fin al ciclo de impunidad.
