El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), creado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 015-2001, tras haber ratificado nuestro país la Convención Interamericana contra la Corrupción, ha cumplido con la misión asignada: dar seguimiento a los lineamientos a los que el país se comprometió en el marco de dicha convención.
El CNA, ente de la sociedad civil integrado por doce organizaciones, opera en función de su objetivo: apoyar al Gobierno en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoría social como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción mediante acciones concretas de investigación, análisis y seguimiento de casos en asociación con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales con similares objetivos, de carácter nacional e internacional.
En cumplimiento de esa misión, recién denunció ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público, el uso indebido de L103 millones que involucran directamente al ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, y a la ex gerente administrativa de dicha secretaría, Jackeline Pinto Dubón, actualmente pagadora especial en el Congreso Nacional, en alianza con seis representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas y contratistas individuales integrantes de la red de ilícitos.
Allí en donde se comprueba, más allá de cualesquier duda, actos de cohecho, no importa si han sido perpetrados durante gobiernos presididos por cualesquiera de los dos partidos tradicionales o por el hoy en el poder, se inicia, por parte de un equipo de investigadores, la tenaz inmersión en los laberintos y pasadizos de acciones corruptas que aparentemente no dejan huella, pero que son expuestos gracias a la investigación, análisis y seguimiento de casos, que periódicamente son denunciados por la ciudadanía.
La inclaudicable labor del CNA nuevamente revela otro caso de alta corrupción oficial que no debe quedar en la impunidad, como es lo usual.
