Hay algo profundamente injusto en un Estado que exige vocación, sacrificio y responsabilidad a sus servidores, pero que no es capaz de cumplir con la obligación más elemental frente a ellos: pagarles por el trabajo realizado.
En Honduras, médicos que laboran en La Mosquitia han denunciado acumular hasta ocho meses sin recibir salario. No hablamos de personas que dejaron de presentarse a sus puestos ni de empleados que suspendieron sus obligaciones. Hablamos de profesionales que continúan haciendo turnos, atendiendo emergencias, visitando salas, tomando decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, mientras esperan un pago que debió llegar hace meses.
Detrás de cada médico hay también una familia. Hay alquileres o hipotecas, alimentación, educación, combustible, deudas y compromisos. La vocación no paga las cuentas.
Lo contradictorio y molesto es observar las prioridades del Estado. Mientras existen médicos esperando durante meses el salario que legítimamente han devengado, el Congreso Nacional continúa con su mecanismo de ayudas sociales, con asignaciones reportadas de cien mil lempiras mensuales por diputado. Se afirma que ahora existen controles y que los congresistas actúan como gestores y no como administradores directos de esos recursos. Muy bien. Entonces, que exista también absoluta transparencia sobre quién recibe las ayudas, quién las ejecuta, cómo se liquidan y qué resultados producen.
Pero, incluso con controles, el contraste resulta incómodo: ¿cómo puede encontrar recursos y mecanismos administrativos el Estado para determinadas ayudas y, al mismo tiempo, ser incapaz de pagar puntualmente a quienes sostienen servicios esenciales? Entiendo el tema del Ejecutivo y el Legislativo, pero son un mismo partido en gobierno, y este tipo de problemas afectan a la imagen del Gobierno y al partido en gobierno.
La falta de pago no solamente afecta al médico. Termina afectando al paciente. Un profesional preocupado por sobrevivir, endeudado, agotado o considerando renunciar trabaja dentro de un sistema cada vez más frágil. Y cuando un médico abandona una zona como La Mosquitia por falta de condiciones dignas, no pierde solamente él: pierde toda una comunidad.
La salud sigue siendo tratada demasiadas veces como un problema que se atiende cuando estalla una protesta, cuando aparece una denuncia o cuando los hospitales llegan al límite. Esa lógica debe cambiar. Un país que verdaderamente considera prioritaria la salud comienza por dignificar a quienes la sostienen.
Pagar puntualmente un salario no es un favor, una concesión ni una muestra de generosidad gubernamental. Es una obligación.
Tal vez la pregunta más sencilla sea también la más incómoda: ¿es realmente tan difícil tratar con dignidad a los hondureños? Porque, mientras buscamos explicaciones administrativas, hay médicos que siguen atendiendo pacientes y esperando y esperando lo que justamente les pertenece.
