La realidad muestra que vencer la corrupción es una tarea titánica e interminable. En los doce años de gobierno nacionalista, la corrupción se volvió sistémica. Sus tentáculos se hundieron profundamente en las instituciones públicas, privadas y en los poderes del Estado.
Uno de los escenarios más visibles es el Poder Legislativo, donde una alianza de hecho, de una facción liberal con los nacionalistas -que ya lleva más de una década- nació para perpetuarse y encargarse de elaborar leyes para evitar todo intento de destruir los pilares de la corrupción.
Después del golpe de Estado del año 2009, la mencionada alianza controlada desde el Poder Ejecutivo cooptó al Congreso Nacional para aprobar contratos lesivos a los intereses nacionales, sobornos, desvío de fondos públicos, transacciones oscuras, manipulaciones de las elecciones, etc.
El saqueo del IHSS, máximo acto de corrupción de los últimos años, dio lugar a una movilización popular pacífica encabezada por líderes civiles; las llamadas “Antorchas”, lo que trajo al país la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih); que no tardó en desenmascarar las poderosas redes de corrupción generadas y movidas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo; redes en las que formaban parte organizaciones no gubernamentales, empresas fantasmas y de maletín, constituidas por políticos del partido gobernante y sus aliados, familiares y testaferros.
Los señalamientos de la Maccih llegaron hasta miembros de la Junta Directiva del Congreso, del Poder Ejecutivo y Judicial de los gobiernos del narcoestado; tal como lo describió el fiscal estadounidense Emil J. Bove en el juicio de TH el 2019; ello cohesionó superlativamente la alianza liberal-nacionalista que se concretó en la práctica con el desmembramiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la emisión de un nuevo Código Penal con penas leves a los ladrones del erario público, cambios en la Ley Orgánica del Congreso para proteger prácticas antiéticas de congresistas y muchas más. El golpe definitivo de la mencionada alianza que aún continúa operando en el actual congreso fue la cancelación de la Maccih al no renovar el Convenio.
No es sorpresa entonces que el pasado miércoles 18 de junio la alianza liberal-nacionalista -el verdadero poder dentro del Congreso Nacional- haya hecho fracasar las reformas legales que la ONU solicita para facilitar la instalación de la CICIH en Honduras; que con toda seguridad tendría que haber cuestionado a muchos de los que ya por diez y seis años continúan en el mencionado poder del Estado, impunes, amparados con la inmunidad por todos sus actos irregulares. Se necesitaba una mayoría calificada (86 votos) que no se alcanzó para lograr esa modificación de leyes y elevar la CICIH a rango constitucional.
Ese resultado era esperable; igual ocurrió en el período legislativo 2024. El error de los congresistas de Libre, promotores de la CICIH, fue actuar tardíamente y no haber manejado la situación con la caracterización del momento, inteligencia estratégica, convicción, voluntad y decisión como lo hicieron para constituir la actual Corte Suprema de Justicia y las autoridades del Ministerio Público.
Lo que ocurrió nos da la medida que controlar y erradicar la corrupción en Honduras es un desafío complejo y permanente, que amerita no solo fortaleza institucional sino también planificación, preparación, correlación favorable de fuerzas y acciones oportunas impulsadas desde y por el pueblo.
Por ahora esa alianza liderada por el Partido Nacional tuvo una victoria táctica, pero una derrota estratégica; el pueblo consciente les pasará la factura.
