En democracia, un mecanismo para controlar el poder es el juicio político. No constituye una condena penal ni un instrumento de persecución; es potestad del Estado exigir responsabilidad política a servidores públicos.
Los juicios políticos se desarrollaron observando las garantías esenciales del debido proceso: se formularon cargos, se notificó a los funcionarios, prepararon su defensa, comparecieron, fueron oídos y la decisión fue tomada por el órgano competente. Hubo errores. Pero no los que mencionan los detractores de este precedente democrático.
El gran desacierto fue ser excesivamente prudentes. Debieron de haber muchas más imputaciones, tantas fundadas en hechos públicos y notorios. Se debió admitir la comparecencia de numerosos ciudadanos que solicitaron declarar para evidenciar actuaciones arbitrarias e ilegales de esos funcionarios. Se debió exigir respuestas precisas cuando optaron por evadir las preguntas, victimizarse o convertir su defensa en una ofensiva contra la institucionalidad.
Sorprendente que aparezcan como fervientes guardianes del erario público. Los mismos indiferentes al latrocinio de la administración anterior, la del Partido Libertad y Refundación.
Anuncian que Honduras pagará cuantiosas indemnizaciones internacionales por esos juicios políticos. Lo cual carece de fundamento jurídico.
La recomendación de la CIDH de revisar la Ley del Juicio Político no significa que los procedimientos realizados fueran incompatibles con la Convención Americana, ni mucho menos que el Estado esté condenado a perder cualquier reclamación futura. Una recomendación de reforma legislativa no invalida actuaciones realizadas en el marco jurídico vigente.
Igualmente desacertado es comparar estos procesos con la destitución ilegal de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, ocurrida en diciembre de 2012. Son casos distintos, sustentados en hechos, procedimientos y fundamentos jurídicos diferentes. Pretender convertir uno en precedente obligatorio del otro es una simplificación incompatible con el análisis constitucional serio.
La verdadera discusión nunca ha sido el juicio político. Si Honduras no les importa. Excepto para sangrarla.
Una democracia sin controles degenera en impunidad. Y el costo de la impunidad siempre será mucho mayor que el de deducir responsabilidades a servidores públicos irresponsables.
El Estado de Derecho no se fortalece renunciando a sus mecanismos de control, sino aplicándolos con firmeza, objetividad y respeto a la Constitución. Lo que se hizo en los juicios políticos.
