Uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho es la separación e independencia de los poderes del Estado. En Honduras, sabemos que tenemos tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando hablamos del sector justicia, inicialmente hablamos del Poder Judicial, y también hacemos alusión del Ministerio Público (quienes ejercen el monopolio de la acción penal), de las fuerzas de seguridad pública y de investigación, y del sistema penitenciario nacional. Según el World Justice Project, Honduras tiene un Estado de derecho débil, por ende, no hay seguridad jurídica, no hay confianza en la institucionalidad.
El reto de los gobiernos es construir esa confianza pública; el reto del sistema de justicia es mostrar objetividad, apego irrestricto a la ley, garantizar debido proceso y, sobre todo, los derechos humanos de los hondureños. No obstante, lo que se vive es lo contrario a eso.
Hablaré específicamente del Ministerio Público que tiene la potestad de presentar requerimientos fiscales cuando presupone la comisión de un delito. El derecho penal es un tema jurídicamente muy técnico, confluyen un sinfín de elementos para poder considerar la responsabilidad penal de un sujeto, tomando en consideración que, al hablar del Ministerio Público, hay que hablar del principio de objetividad plasmado en el artículo 93 del Código Procesal Penal, el cual hace alusión que este ente debe investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar acusaciones, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad del imputado, asimismo, deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio a favor del imputado.
¿Qué quiero decir con esto? Es trabajo del Ministerio Público analizar hechos en concreto, sin observar los sujetos o su condición. Esa es la independencia que se espera de esta entidad. Sin embargo, vemos el actuar del fiscal general de Honduras, altamente vociferante, habla de casos que están en etapa de investigación, tiene un discurso muy similar al de la familia de gobierno, hace las mismas críticas del partido en el poder, defiende a los militantes del partido en poder.
Un fiscal general no debería hacer distingo de sectores sociales, no debe diferenciar la oposición política con el gobierno, ya que representa los intereses de todos.
Esto es preocupante en un Estado de derecho, ya que, el ejercicio de la acción penal está en manos de una entidad que está siendo dirigida con fines partidarios ‘aparentemente’. Ya tenemos un ejemplo cercano en Guatemala sobre la peligrosidad que esto representa.
Es importante que el fiscal general haga su trabajo, que comunique al pueblo hondureño, pero lo más importante, que actúe con objetividad, representando los intereses generales de la sociedad y que se apegue a la tecnicidad requerida en las etapas de investigación de un proceso, del derecho penal, de la Constitución de la República y los Convenios Internacionales. El aparato de justicia debe ser completamente independiente
