La seguridad continúa siendo una de las grandes deudas del Estado hondureño. Durante décadas, miles de familias han vivido bajo la amenaza de la extorsión, el crimen organizado y distintas manifestaciones de violencia. Estamos frente a un problema serio que, inevitablemente, requiere soluciones igualmente serias, sostenibles y responsables.
Según datos divulgados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en poco más de dos décadas Honduras ha acumulado alrededor de 130 leyes y decretos relacionados con la seguridad. A ello debemos sumar los cuantiosos recursos destinados mediante la tasa de seguridad y los presupuestos de las instituciones encargadas del orden público. Sin embargo, los resultados siguen estando lejos de las expectativas ciudadanas. Esta realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuánto más debemos reformar antes de comenzar a transformar?
Hoy nos encontramos ante un nuevo paquete de reformas penales y penitenciarias impulsadas desde el Congreso Nacional. Considero positivo que la seguridad ocupe un lugar central en la agenda pública. El Estado no puede permanecer indiferente frente a quienes amenazan la vida, la libertad y el patrimonio de los hondureños. No obstante, legislar con firmeza no debe confundirse con legislar sin escuchar.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó recientemente preocupaciones sobre disposiciones que podrían afectar garantías como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Estas observaciones, al igual que las formuladas por organizaciones nacionales de derechos humanos, merecen un análisis técnico y responsable. No se trata de escoger entre seguridad y derechos humanos, porque ambas obligaciones deben coexistir. Se trata de evitar que medidas concebidas para proteger a la población terminen generando nuevas vulneraciones y responsabilidades internacionales para el Estado.
También debemos entender que ninguna reforma penal, por ambiciosa que sea, puede producir resultados por sí sola. Es indispensable fortalecer al Ministerio Público, mejorar las capacidades investigativas de la Policía, dotar de independencia y recursos al Poder Judicial y transformar el sistema penitenciario. Sin investigación científica, fiscales preparados, jueces con garantías de independencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, las reformas corren el riesgo de convertirse en otra promesa legislativa.
La seguridad requiere coordinación entre instituciones, academia, sociedad civil, organismos internacionales y ciudadanía. Requiere indicadores verificables, prevención del delito y una política de Estado que trascienda períodos de gobierno.
Como hondureño, deseo profundamente que estas medidas funcionen, que se identifique y sancione a quienes mantienen amenazadas a nuestras comunidades y que las familias recuperen su tranquilidad. Pero también deseo que construyamos instituciones capaces de impartir justicia sin sacrificar las garantías que estamos obligados a proteger. Porque los problemas serios no se resuelven únicamente con leyes más severas, sino con instituciones más fuertes y decisiones verdaderamente responsables.