La política energética vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. El presidente Nasry Asfura ha comenzado a mover piezas claves en un sector históricamente marcado por crisis financieras, pérdidas millonarias, decisiones políticas erráticas y falta de planificación de largo plazo.
El reciente nombramiento de Guillermo Peña como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), junto con Héctor Corrales al frente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), y el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, refleja la intención de construir una nueva etapa para el sistema eléctrico hondureño.
El desafío no es menor. Honduras arrastra por décadas un modelo energético desequilibrado, financieramente débil y altamente dependiente de subsidios, endeudamiento y contratos que muchas veces han generado más conflictos que soluciones. A ello se suma una deuda considerable con los generadores privados, la incapacidad de reducir las pérdidas técnicas y financieras y la limitada capacidad del Estado para seguir financiando una estructura que requiere miles de millones de lempiras en inversión.
La nueva visión energética necesariamente deberá pasar por una profunda reforma legal. Retomar el espíritu técnico de la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 y revisar o, incluso, derogar la normativa aprobada en 2022 parece inevitable, si realmente se busca recuperar la confianza y modernizar el sector.
La separación de la ENEE en tres áreas claramente diferenciadas -generación, transmisión y distribución- no puede seguir postergándose. La experiencia internacional demuestra que estos modelos permiten mayor transparencia, mejor control administrativo y una evaluación más precisa de costos y eficiencia.
En algunos segmentos será indispensable abrir espacios a la inversión privada bajo esquemas modernos de regulación y supervisión estatal. No se trata de privatizar irresponsablemente, sino de reconocer que el gobierno por sí solo no tiene la capacidad financiera para rescatar el sistema eléctrico. La reciente colocación de bonos locales por parte de la ENEE evidencia, precisamente, la presión financiera que enfrenta la institución para amortiguar obligaciones acumuladas y mantener operativa la cadena de pagos.
Sin embargo, ninguna reforma energética tendrá éxito si continúa manejándose exclusivamente desde el ámbito político. Honduras necesita una gran Mesa Nacional de Energía, encabezada por el Gobierno, pero integrada por todos los sectores involucrados: el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación de Productores y Generadores de Energía Eléctrica, generadores independientes, sociedad civil, organismos financieros internacionales, banca privada y sectores académicos y técnicos.
La energía no puede seguir siendo una discusión ideológica o de coyuntura electoral. Es un tema de seguridad nacional y de competitividad económica. Sin estabilidad energética no habrá inversión, empleo ni crecimiento sostenible.
Honduras necesita construir una política de Estado que garantice energía confiable, sostenible y a costos razonables tanto para las familias como para los pequeños, medianos y grandes empresarios. La nueva etapa apenas comienza, pero el tiempo para corregir décadas de atraso es cada vez más corto.
