En los pasillos del poder regional, una sombra se extiende con la pretensión de convertirse en un remedio milagroso: el denominado “modelo Bukele”. Es una seductora promesa de orden absoluto, una narrativa de mano dura que asegura acabar con nuestros males. Sin embargo, intentar trasplantar esta arquitectura de control social a Honduras no solo es una ingenuidad política, sino un riesgo estructural de enormes proporciones. El país no es un laboratorio pequeño y dócil; es un complejo entramado de realidades geográficas, políticas y sociales que convierten cualquier intento de réplica en una apuesta condenada al fracaso y al deterioro institucional.
El primer obstáculo, a menudo ignorado por los entusiastas del populismo punitivo, es la geografía. El Salvador es una nación compacta, con características territoriales que facilitan una presencia estatal más constante y articulada a lo largo de prácticamente todo el país. Honduras, en cambio, representa un desafío logístico monumental con una cartografía fragmentada, una red vial deficiente y fronteras permeables que se pierden entre montañas y selvas. El control territorial que Bukele ejerce mediante el despliegue militar resulta, en el caso hondureño, una aspiración difícilmente alcanzable. El Estado no llega donde la naturaleza y la falta de infraestructura le cierran el paso; pretender aplicar un cerco militar al estilo salvadoreño en un país con estas condiciones es ignorar la realidad física que dicta el ejercicio efectivo de la soberanía.
Más allá de los mapas, está la arquitectura política. El “modelo bukeliano” se sostiene sobre el desmantelamiento sistemático de los pesos y contrapesos institucionales. Para que el plan prospere, el gobernante debe convertirse en dueño de la verdad, del fiscal, del juez y de la ley. En Honduras, aunque las instituciones han sufrido embates históricos, persisten espacios de oposición política, una sociedad civil vigilante y un entramado democrático, si bien imperfecto, que todavía funciona como barrera frente a cualquier intento de concentración absoluta del poder.
Replicar la estrategia implicaría, necesariamente, un golpe a la institucionalidad misma. Conllevaría debilitar la independencia de las cortes, cooptar el Ministerio Público y reducir el pluralismo bajo la excusa de la seguridad. Honduras no es un tablero donde un solo jugador mueve todas las piezas; es un sistema de fuerzas políticas en tensión, donde la “mano dura” se estrellaría contra un Congreso aún dividido y una ciudadanía que, incluso en su legítima desesperación por la paz, mantiene reservas frente a la concentración absoluta del poder.
Los derechos humanos en Honduras no son un concepto abstracto, como pretenden hacernos creer los ideólogos de la ley de la selva: constituyen la única red de contención que impide que el Estado se convierta en verdugo. En El Salvador, el costo de la seguridad ha sido la suspensión sistemática de garantías fundamentales, una erosión del Estado de derecho que, a largo plazo, deja a la población vulnerable frente al abuso estatal.
Honduras enfrenta una realidad en la que el crimen organizado no solo habita en las pandillas, sino que, en ocasiones, se entrelaza con los estratos más altos del Estado. ¿A quién combatiría realmente ese “plan”? ¿A los jóvenes de los barrios o a los círculos de poder que se benefician de la impunidad?
El “plan Bukele” es, en última instancia, un atajo estético frente a un problema existencial. Honduras necesita un fortalecimiento real de su sistema judicial, la profesionalización de una Policía bajo mando civil y una política social que vaya más allá de la propaganda. Intentar replicar un modelo que requiere la liquidación de los contrapesos democráticos para funcionar, en un país que aún lucha por consolidar sus instituciones, es caminar hacia un escenario de consecuencias adversas.
La seguridad no se construye con el eco de un populista extranjero ni con la importación improvisada de recetas ajenas. Se hace con la voluntad y el trabajo arduo que implica construir un Estado capaz de aplicar la ley con firmeza, sin necesidad de suspender los derechos de sus ciudadanos.
