Una democracia madura se pone a prueba cuando la justicia debe investigar a quienes han ejercido el poder. En esos momentos el Estado de derecho exige serenidad, independencia y rigor, lejos de las presiones políticas o mediáticas.
La defensa asumida por el exministro de Justicia Wilson Ruiz debe entenderse desde una perspectiva institucional. Toda persona sometida a investigación tiene derecho a una defensa técnica e independiente; defenderla no equivale a avalar su conducta.
El caso de Angie Rodríguez ha ganado relevancia por la gravedad de sus denuncias. Entre ellas figura una de las más graves: Rodríguez asegura que varios uniformados le manifestaron que la muerte del coronel Óscar Dávila no fue un suicidio, como concluyó Medicina Legal, sino un asesinato “posiblemente orquestado al interior de la Casa de Nariño”. Es una acusación que hoy pesa como denuncia formal, no como sentencia, pero que exige que la Fiscalía la investigue sin blindajes de ningún tipo.
El país atraviesa un momento delicado. La acumulación de investigaciones y escándalos administrativos ha deteriorado la confianza ciudadana y profundizado la polarización. El próximo gobierno enfrentará el reto de recuperarla, fortaleciendo los organismos de control y empleando investigación financiera forense para rastrear recursos públicos, recuperar activos y sancionar a los responsables. La transparencia no puede ser selectiva: si hubo corrupción, debe demostrarse con pruebas; si hubo inocentes señalados, también tienen derecho a la reivindicación de su nombre.
El clima político posterior a las elecciones tampoco ayuda. Colombia vivió la contienda más apretada de su historia reciente —apenas 251.870 votos separaron a De la Espriella de Cepeda—, y ese margen estrecho dejó sobre la mesa denuncias que hoy siguen su curso: existe ya una denuncia penal formal por presunto constreñimiento al sufragante que involucra a disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN, y que menciona expresamente a Iván Cepeda y Aida Quilcué. Que la izquierda haya perdido por tan poco no la exime de responder ante esas denuncias; al contrario, hace más urgente que la Fiscalía las resuelva con rigor.
A esa confrontación se suma un fenómeno sistemático: la izquierda petrista ha convertido la funa en su instrumento político, un mecanismo de calumnia e injuria contra quien no se pliegue a su relato. La prueba más reciente la dio el propio Gustavo Petro: ni siquiera había llegado a Colombia la designada embajadora de Israel, Vivian Aisen, cuando el mandatario saliente ya la atacaba en X, calificando de “indigna” la designación y acusando a De la Espriella de “cómplice”. Por eso es previsible —y necesario— que se multipliquen los recursos legales contra quienes difaman, porque calumniar no es disidencia: es delito. Y si esa misma izquierda lleva su frustración a las calles con marchas que degeneran en vandalismo, el próximo gobierno debe ser inflexible, y lo será, porque detrás de cada piedra lanzada se esconde, de una u otra forma, la vocación de imponer una dictadura.
Tampoco es casual que el Pacto Histórico se haya opuesto, con extraña vehemencia, a que la posesión de De la Espriella se realizara fuera de Bogotá, alegando una tradición institucional que jamás invocaron cuando convenía romperla.
Y sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, Colombia no puede conformarse con la condena de los ejecutores materiales. La propia Fiscalía investiga la hipótesis de que el crimen fuera orquestado desde una estructura mayor —“sería un crimen de Estado”, según la propia entidad—, y el padre del senador insiste en que quienes dieron la orden intelectual siguen sin identificarse. Colombia tiene el deber de llegar hasta el final, sin miramientos políticos, para saber si quien tenía todas las posibilidades de llegar a la Presidencia fue silenciado por un aparato del propio Estado.
Las investigaciones en curso deben desarrollarse con absoluta independencia. Ningún expresidente, exministro o servidor público debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías constitucionales que protegen a cualquier ciudadano.
La fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de proteger a los gobernantes, sino por la de investigar, juzgar y absolver o condenar conforme a las pruebas y al derecho. Ese es el estándar que Colombia debe preservar.
@rosenthaaldavid
