Un portón abierto pero cerrado el acceso al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la respuesta evasiva de un guardia de seguridad argumentando eventos de agenda institucional resumen la opacidad con la que se aborda la seguridad alimentaria en el país. Las buenas intenciones no bastan, corresponde medir existencias, y las cifras de inventarios a octubre de 2026 confirman que la narrativa oficial choca frontalmente con la contundencia de los números.
La realidad fuera del silo evidencia una crisis en expansión. Según la clasificación IPC/CIF, en este caso, (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) y la FAO, 1.88 millones de hondureños se encuentran en inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o superior) entre agosto y octubre de 2026, representando el 18% de la población analizada. La cifra supone un incremento de 260,000 personas en solo 12 meses respecto a los 1.62 millones registrados en 2025.
Aunque la sequía asociada a El Niño mermó la cosecha de maíz de primera, fase que aporta el 70% de la producción nacional, el problema de fondo es estructural. El país apenas produce alrededor de 5 millones de quintales de maíz frente a un consumo anual que oscila entre 22 y 26 millones; en arroz la brecha es aún más drástica, con una producción local de solo 447,000 quintales para responder a una demanda nacional de 5 millones.
Con el 63% de la población viviendo en condición de pobreza y un incremento acumulado del 49% en la canasta básica familiar desde 2019, la presión sobre el ingreso de los hogares es asfixiante. Aunque técnicamente no nos encontramos en una hambruna en Fase 5, el país padece un hambre estructural donde las familias limitan diariamente sus raciones alimenticias por falta de capacidad de compra.
Frente a este panorama, la función legal del IHMA es constituir una reserva estratégica de maíz, arroz y frijol que garantice el abastecimiento mediante una rotación continua de dos veces al año. Sin embargo, al contrastar los inventarios actuales confirmados por la propia gerencia con el consumo nacional mensual, el margen de protección estatal queda al desnudo.
En frijol, los 110,000 quintales almacenados en bodega —parte de ellos importados de Nicaragua— frente a un consumo nacional de 217,000 quintales al mes, ofrecen una cobertura real de apenas 15 días. La situación del maíz es aún más crítica: de 66,000 quintales totales, solo 15,000 son aptos para consumo humano y 51,000 se destinaron a concentrado animal, ofreciendo una cobertura inferior a un solo día para un consumo mensual cercano a los 1.8 millones de quintales.
Una reserva que cubre dos semanas de frijol y menos de 24 horas de maíz para toda la nación no puede calificarse de estratégica; es meramente simbólica. A esta limitación física se suma la distorsión financiera: el instituto adeuda L.175 millones a productores del departamento de El Paraíso por 70,000 quintales de frijol entregados hace más de tres meses. El modelo actual de compra, descuida el pago al agricultor local e importa granos del extranjero.
La fragilidad del sistema sobrepasa la escasez de producción y alcanza la negligencia administrativa. En mayo de 2026 se confirmó la pérdida total de 44,000 quintales (4.4 millones de libras) de frijol valorados en L.85 millones, los cuales fueron adquiridos en Nicaragua en 2023 y dejados vencer en las bodegas del IHMA.
Los peritajes técnicos de DICTA y la Universidad Zamorano revelaron la presencia de hongos, humedad, plagas y tiempos de cocción de hasta tres horas, catalogando el grano como no apto para consumo humano. Asimismo, reportes de auditoría confirmaron que lotes de maíz de cosechas 2023-2025 sufrieron un deterioro similar por falta de uso y manejo técnico.
La causa documentada de esta pérdida fue el incumplimiento reiterado de la norma interna de rotación semestral, priorizando el ingreso de cosechas nuevas mientras el inventario antiguo se deterioraba en los silos. En términos de impacto humano, con esas 4.4 millones de libras echadas a perder se habría alimentado a 293,000 familias de cinco integrantes durante un mes completo.
Ante la magnitud del perjuicio económico y social, el Congreso Nacional aprobó una moción para que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas investiguen penalmente la gestión de las reservas entre 2023 y 2026, con la obligación de rendir un informe en 90 días. El antecedente de episodios similares en gestiones pasadas demuestra que la falla operativa se ha vuelto sistémica.
En tiempos de vulnerabilidad no se improvisa: la reserva estratégica no debe operar como bodega estática, sino como un flujo dinámico de inventarios. Revertir la crisis exige pagar de manera prioritaria al productor nacional, transparentar la cobertura real de los inventarios e independizar la gestión técnica del IHMA. La sequía golpeó la producción en los campos, pero la negligencia administrativa remató la seguridad alimentaria en los silos.
