La crisis institucional al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que posteriormente desembocó en el juicio político y en la destitución de varios funcionarios electorales, dejó una lección que no podemos ignorar: las instituciones electorales no pueden convertirse nuevamente en trincheras partidarias ni en escenarios de confrontación política permanente.
Los acontecimientos que permearon sobre los funcionarios sometidos a juicio político evidenciaron el enorme daño que provoca cuando quienes deben garantizar transparencia, equilibrio y legalidad terminan envueltos en disputas políticas, señalamientos de parcialidad y conflictos internos que paralizan al sistema electoral. Más allá de las posiciones ideológicas o de las simpatías partidarias, el resultado fue evidente: el incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger el voto.
Nuestra clase política necesita comprender que la estabilidad democrática depende, en gran medida, de la credibilidad de sus árbitros electorales. Cuando un consejero, magistrado o funcionario responde primero a intereses políticos antes que a los deberes emanados de la Constitución de la República, toda la institucionalidad entra en crisis. Y cuando los órganos electorales son percibidos como extensiones de los partidos políticos, la ciudadanía deja de confiar en la democracia misma, aún y cuando los resultados de un proceso democrático son legítimos.
Por eso el nuevo proceso de selección de autoridades del CNE y TJE representa una nueva oportunidad. No debe de convertirse en una simple repartición de cuotas entre partidos, sino en un verdadero esfuerzo nacional para construir instituciones electorales independientes, técnicas y confiables.
Sin embargo, la elección de los nuevos funcionarios no resolverá la crisis. También es indispensable impulsar reformas electorales profundas. Las disputas recientes demostraron vacíos legales, debilidades institucionales y mecanismos que permiten bloqueos y parálisis en el cronograma electoral.
Es necesario revisar temas fundamentales como el funcionamiento interno del CNE y del TJE, los mecanismos de toma de decisiones, la transmisión de resultados, las sanciones a funcionarios electorales y las garantías de transparencia. Las reformas deben buscar evitar que futuras elecciones vuelvan a terminar en conflictos políticos o institucionales que debiliten aún más la confianza ciudadana.
La decisión que tome el Congreso Nacional en este proceso tendrá consecuencias directas sobre la estabilidad democrática en los próximos años. O se construyen instituciones electorales independientes o el país seguirá atrapado en ciclos de crisis, confrontación y desconfianza.
La democracia hondureña no necesita más funcionarios al servicio de los partidos políticos. Necesita servidores públicos al servicio del país.
