En la democracia real, el poder lo detentan quienes dirigen los poderes del Estado y también la ciudadanía consciente, organizada y movilizada. En esta coyuntura, de creciente desconfianza en el gobierno, con profunda concentración de poder y cada vez mayor crisis institucional, es urgente el despertar cívico y el ejercicio diligente de los derechos fundamentales.
En nuestra Carta Magna se garantiza el derecho a la protesta en contra de actos que distorsionen o transgredan el orden constitucional. Es consagrada como una opción de defensa democrática. La manifestación pacífica y la libertad de reunión no requieren permisos, pues son expresiones legítimas de soberanía popular. Los plantones, marchas, caminatas, vigilias, entre otras, no son amenazas, menos violencia, son signos de vida democrática. Cuando el diálogo es impedido desde el poder, las movilizaciones son voz de los que no tienen voz, de los que se les ha callado.
Hoy, con la fragilidad del Estado de derecho y la instrumentalización de los órganos jurisdiccionales, la ciudadanía debe ser protagonista en la defensa de sus derechos.
Organizarse y movilizarse no son delitos, ni acciones desestabilizadoras. Si son deberes ciudadanos, por lo que hay que levantarse ante la injusticia, ante la arbitrariedad, y condenar el retroceso democrático que en la actualidad implementa la facción del PLR en el poder de la nación. No hay democracia viable sin ciudadanía libre, organizada y movilizada. Estamos a la deriva autoritaria.
No podemos quedarnos quietos. Intentan acallar las voces opositoras, desmantelan la institucionalidad y concentran el poder en su beneficio personal. Debemos salir, señalar y exigir respeto a la institucionalidad.
La Democracia es vida y debe defenderse. Si nos calláramos seríamos cómplices de estos aprendices de dictadores. Hoy, a la Caminata de Oración convocada por las Iglesias católica y evangélica, hay que asistir. La movilización es prioritaria. Hay que movilizarse, es asunto de dignidad.
