Carlos Marx advirtió que, antes de hacer política, arte o religión, el ser humano debe comer, beber y tener un techo. Por eso sostuvo que la economía es el motor inicial de la vida social. También comprendió el carácter revolucionario del capitalismo, capaz de transformar de manera permanente los instrumentos de producción. En el Manifiesto Comunista escribió que la burguesía, en “apenas un siglo de dominación, ha creado fuerzas productivas más colosales y titánicas que todas las generaciones pasadas juntas”. Esa dinámica, decía, altera no solo la producción, sino todas las relaciones sociales.
La lógica marxista plantea que llega un punto en que las fuerzas productivas chocan con las relaciones de producción existentes, generando contradicciones que exigen ajustes profundos. Cuando ese desajuste no se corrige, las tensiones se acumulan y estallan en crisis económicas, sociales y políticas.
Algo similar ocurre hoy con la expansión del internet y la inteligencia artificial. Como en la Revolución Industrial, cada avance tecnológico trae alivios evidentes, pero también problemas que se vuelven estructurales: desempleo, deterioro ambiental, violencia, migraciones. Muchos de ellos se agravan con rapidez. El desempleo, en particular, se ha convertido en una de las amenazas más serias para el mundo del trabajo, y la IA ocupa un lugar central en esa transformación.
La automatización está sustituyendo tareas rutinarias y creando empleos digitales para los cuales millones de trabajadores no están preparados. El Foro Económico Mundial estima que el 39% de las habilidades actuales quedará obsoleto entre 2025 y 2030, mientras que el 63% de los empleadores identifica la falta de competencias como el principal obstáculo para la transformación empresarial. La tecnología reduce costos, pero también elimina puestos de trabajo, y ese impacto apenas empieza a medirse con seriedad.
El problema es que este salto tecnológico avanza sin una respuesta normativa equivalente. La mayoría de los Estados no está legislando para amortiguar sus efectos sociales. Solo algunos países han comenzado a reaccionar. China, por ejemplo, dictaminó que la adopción de IA no constituye una causa objetiva para rescindir contratos de manera unilateral, una medida que busca evitar despidos masivos sin protección.
La historia demuestra que cuando las fuerzas productivas se transforman sin que las relaciones sociales se adapten, el resultado es inestabilidad. La IA no es una amenaza en sí misma; lo es la ausencia de políticas que permitan que su desarrollo no se convierta en un factor de exclusión. El desafío no es tecnológico, sino político: evitar que la revolución digital profundice las desigualdades y deje a millones fuera de un futuro con seguridad y desarrollo.
Es urgente una acción global para frenar la deshumanización laboral: sin normas internacionales, la tecnología amplía el desempleo y la desigualdad. La salida no son guerras ni políticas inhumanas, sino diálogo y concertación entre Estados y empresas.
