El pueblo hondureño estaría verdaderamente complacido si el nuevo gobierno de Nasry Asfura asumiera, con seriedad y sin demagogia, la defensa pública del consumidor frente a la desorganizada alza de precios que hoy castiga a las familias, al productor, al comerciante honesto, al prestador de servicios y a los ingresos fiscales del Estado. Es importante y urgente poner orden en toda la cadena económica nacional, desde la producción agropecuaria, construcción, transporte, comercio y servicios varios.
Salir a cotizar un trabajo, comprar materiales ferreteros, adquirir alimentos o insumos básicos provoca impacto, todo ha subido. Y lo preocupante es que muchos aumentos no obedecen a costos nuevos, sino a inventarios comprados antes de los conflictos internacionales que ahora sirven de excusa para justificar incrementos abusivos. Esa práctica especulativa golpea el poder adquisitivo de la población y la confianza en el mercado.
La defensa del consumidor no solo es control de precios, incluye proteger su salud mediante compra de alimentos sanos, evitar fraude en pesas y medidas, combatir adulteraciones y frenar el abuso en márgenes de utilidad. También debe protegerse al productor agropecuario, que enfrenta costos reales de insumos, transporte, financiamiento y clima adverso. Igualmente debe resguardarse al proveedor de servicios, como construcción y transporte, y al comerciante en general, para que operen bajo reglas claras y no dentro de una competencia desleal especulativa.
En cuanto a los productos agropecuarios, las alzas y bajas no pueden depender de antojos de asociaciones de productores, agroindustrias, mayoristas o minoristas. Ningún sector debe imponer precios por sí mismo. Para eso existe el Estado, que debe contar con información verificada sobre áreas cultivadas, rendimientos, costos por región, volúmenes de importación y exportación, producción pecuaria y márgenes razonables en cada etapa. Si las instituciones públicas desconocen esos datos y simplemente aceptan cifras interesadas sin verificación técnica, jamás podrán establecer precios justos ni proteger a nadie.
Ese vacío perjudica a todos. Perjudica al consumidor, quien paga más. Perjudica al productor serio, que no compite en igualdad. Perjudica al comerciante responsable, que queda atrapado entre costos alterados y mercado distorsionado. Perjudica al proveedor de servicios, que ven encarecidos sus presupuestos. Y perjudica al Estado, porque en el desorden también se deteriora la base tributaria, se facilitan evasiones y se debilitan los ingresos fiscales.
Honduras ha soportado durante años una libre especulación disfrazada de libre empresa. Cuando suben los combustibles, todo aumenta de inmediato; cuando bajan, casi nunca se reduce el precio de bienes y servicios con la misma rapidez. Esa asimetría revela abuso, un mercado insano. Sin reglas claras, sin respeto a la ley, sin equidad y sin transparencia, el consumidor seguirá indefenso y el país acumulando malestar social.
Proteger al consumidor, productor, comerciante y al fisco no es una opción ideológica; es una obligación del Estado. De ese equilibrio también depende la estabilidad democrática. Queda planteado.
