La agroindustria es uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña. De ella dependen miles de empleos, la seguridad alimentaria y parte de las exportaciones. Fomentar y proteger la seguridad jurídica en el agro es más que exigencia económica, es necesidad social y democrática. La Carta Magna establece la inviolabilidad de la propiedad privada. No es un privilegio de pocos; es garantía esencial para el desarrollo.
Si la propiedad legalmente adquirida no es respetada, se paraliza la inversión y se debilita el Estado de Derecho. Las tierras en producción, tenidas conforme a la ley, deben ser protegidas frente a invasiones o apropiaciones ilegales. Defender la propiedad privada no significa ignorar la realidad del campo. Miles de campesinos carecen de tierra, filón de tensiones y conflictos.
La Ley contempla mecanismos para atender esta necesidad: la recuperación y redistribución de tierras ociosas a campesinos sin tierra. Aplicar la ley implica garantizar el respeto a la propiedad legítima y asegurar que la tierra cumpla su función social.
La protesta pacífica de los campesinos debe ser respetada. No se puede criminalizar la lucha social cuando es legal. El Estado tiene la responsabilidad de evitar que la conflictividad derive en ocupaciones de tierras productivas o en actos que lesionen derechos legalmente constituidos. La solución al conflicto agrario está en el diálogo. Propietarios, productores, agroindustriales y organizaciones campesinas deben encontrarse. Honduras necesita una visión ganar-ganar donde la productividad del campo y la justicia social anden juntas.
Nuestro país necesita paz en el agro. Seguridad jurídica para los bienes, pero también para los campesinos que buscan oportunidades dignas de trabajo y desarrollo. Solo así podremos construir un campo más justo, productivo y estable. ¿Sueños? Sí. Los que debemos defender y volver realidad si a lo que aspiramos son convivencia pacífica y mejores condiciones de vida para todos los hondureños.
