La IA es una herramienta de doble filo en el ámbito criminal. Si bien puede ser un aliado poderoso para la investigación, también potencia el surgimiento de nuevos delitos cibernéticos. Esto resalta la urgencia de que la legislación se adapte a una velocidad mucho mayor que la actual. Un punto crítico es la falta de adhesión de Honduras a convenios internacionales como el Convenio de Budapest, lo que limita su capacidad para cooperar y protegerse de amenazas digitales globales. Por otro lado, la validez y autenticidad de la evidencia digital son desafíos primordiales. No es suficiente con que el Código Procesal hondureño cubra la recolección de pruebas de forma general.
Es imperativo que se establezcan protocolos específicos para la evidencia generada o analizada por IA. La aparición de tecnologías como los deepfakes subraya el riesgo de pruebas falsas, lo que exige una verificación rigurosa y un análisis transparente de los algoritmos utilizados.
De igual forma, la responsabilidad legal en caso de errores algorítmicos recae en los actores humanos, no en la IA misma. La responsabilidad puede ser del desarrollador (por fallos de diseño), de la institución a la que pertenece el perito (por falta de protocolos o capacitación) o, directamente, del perito forense. Esto último es fundamental, ya que el perito debe ser un experto no solo en criminalística, sino también en el funcionamiento de la IA, siendo capaz de explicar sus métodos y limitaciones ante un tribunal. Su obligación es garantizar que el material probatorio sea auténtico y se mantenga una cadena de custodia adecuada.
En resumen, la adaptación de la criminalística a la era de la IA requiere un enfoque integral: una legislación actualizada, una capacitación especializada para los profesionales del sistema de justicia y el establecimiento de protocolos claros que garanticen la autenticidad, la confiabilidad y la ética en el uso de esta tecnología. Ignorar estos desafíos no solo pone en riesgo la efectividad de las investigaciones, sino también la integridad del sistema judicial.
