Existen una serie de desafíos al momento de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta auxiliar de la criminalística. Ya anteriormente se mencionó la falta de regulación existente en nuestro país, que incluye el hecho de que Honduras no es firmante del Convenio de Budapest.
Este último busca proteger a la sociedad de los delitos informáticos y de internet, con la elaboración de leyes que permitan mejorar las técnicas investigativas y los procesos de cooperación internacional en esta materia.
En América, apenas diez países son firmantes de este y, a nivel de América Central, solo uno lo ha hecho (Costa Rica). El perito que realice su trabajo mediante IA debe garantizar la autenticidad y la confiabilidad, ya que la misma puede ser utilizada para crear tanto vídeos como audios falsos, estableciendo un halo de duda. De ahí el por qué de la necesidad de un peritaje que reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para ser tomados como prueba en un caso.
Entonces, el perito se verá obligado a explicar cada paso del proceso de análisis, enfatizando en la utilización de la hoja de garantía, antes conocida como cadena de custodia. Incluso, el perito deberá conocer de programación para poder explicar cómo funciona dicho algoritmo al encargarse del procesamiento de datos en la identificación de patrones, efectuar predicciones y tomar decisiones, lo que mejora su “conocimiento” fortaleciendo técnicas de aprendizaje automatizado.
Todo ello mediante las reglas y procedimientos que le indican a una máquina. Este proceso incluye el consentimiento del usuario y la finalidad, que debe ser legítima y legalmente establecida. Esto ocurre cuando la información contenga datos personales, como en el caso de imágenes de personas. Esto nos lleva a la confidencialidad, sobre todo de datos sensibles.
La IA debe garantizar esa confidencialidad de la información tratada. Entonces nos preguntamos: ¿quién es responsable si la IA lleva a una decisión judicial errónea? De este tema escribiremos más adelante.
