En las últimas semanas ha sido objeto de debate la propuesta de “Democratizar la economía” impulsada por la candidata oficialista Rixi Moncada. Este planteamiento, revestido de un lenguaje aparente de justicia social, busca transformar el modelo económico hondureño mediante la nacionalización de sectores estratégicos, la intervención del sistema financiero y la subordinación de la inversión nacional y extranjera a una nueva lógica estatal.
La iniciativa suena innovadora, incluso, seductora para quienes sienten que el modelo actual no les ha hecho justicia. Pero si algo requiere esta Honduras, un país con fragilidades institucionales, altos niveles de pobreza y un delicado equilibrio financiero, es rigor, prudencia y propuestas que miren más allá del corto plazo electoral y, en ese sentido, la llamada democratización económica merece un examen más profundo.
En su núcleo, la propuesta implica la posibilidad de que el Estado tome control de rubros productivos, empresas y sectores estratégicos, con el argumento de corregir desigualdades históricas. Pero la historia económica regional es clara: pocas cosas generan tanta incertidumbre como insinuar la nacionalización de activos privados. Cuando se erosiona la seguridad jurídica, el capital -ese actor silencioso pero indispensable- simplemente se va.
No protesta, no marcha, no reclama. Se desplaza hacia donde encuentra reglas claras, estabilidad y respeto a la propiedad. Ese desplazamiento suele venir acompañado de empleos que se esfuman, créditos que dejan de fluir y oportunidades que nunca llegan. Pensar que Honduras, con su actual capacidad institucional, puede administrar con éxito bancos, empresas energéticas o grandes industrias es más un acto de fe que una propuesta de política pública. Ni la ENEE, ni Hondutel, ni las empresas estatales creadas en el pasado sostienen la promesa de un Estado operador eficiente.
