En una Honduras marcada por desafíos estructurales, sociales y económicos, las elecciones generales del pasado 30N se convirtieron en una prueba de fuego para la madurez democrática del país. Más allá de los números, las tensiones tras el proceso electoral revelan una fractura profunda en la confianza ciudadana hacia las instituciones que deben garantizar la voluntad popular.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado constitucionalmente del escrutinio y la declaratoria de resultados, proclamó el 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como presidente electo con 40.26% de los votos frente al 39.54% de Salvador Nasralla del Partido Liberal, sin embargo, estos resultados no han traído calma, sino más bien una ola de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, el manejo del escrutinio especial y la legitimidad de la declaratoria por parte del CNE.
Sectores del oficialista Partido Libre, incluido su coordinador “Mel” Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, han rechazado abiertamente la proclamación del organismo electoral y plantean medidas extremas como anular la declaratoria del CNE y ordenar un reconteo general desde el Legislativo.
Desde la perspectiva legal, este intento de sustituir al órgano electoral plantea una violación de la Constitución hondureña, que otorga al CNE la competencia exclusiva para el escrutinio, la determinación de resultados y la declaración de ganadores. Que el Congreso, una institución de naturaleza legislativa, asuma funciones que la Carta Magna no le confiere es una senda peligrosa hacia la inestabilidad. Honduras no solo enfrenta un cambio de gobierno; enfrenta una encrucijada institucional.
La salida a esta crisis no está en dilucidar quién tiene razón política, eso ya lo hizo el CNE en términos técnicos, sino en reconstruir un pacto de credibilidad entre partidos, instituciones y ciudadanía.
