El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco ha sido aislado de sus vecinos latinoamericanos, que en forma unánime cuestionaron la legitimidad de la destitución el viernes de su predecesor, Fernando Lugo.
En las calles de Asunción la situación era de normalidad aparente en el primer domingo tras el cambio de gobierno. El centro estaba desierto y los comercios cerrados, como cualquier otro día feriado.
En el suburbio de Lambaré, donde tiene su residencia Fernando Lugo, la paz la alteraba solo el enjambre de periodistas que esperaban sus declaraciones. Las complicaciones más graves para el gobierno de Franco se presentan por ahora en el frente externo.
Sus socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil y Uruguay, decidieron el sábado retirar o llamar en consulta a sus embajadores, después de que los países de la Alba (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) anunciaran que “no reconocerán” al nuevo gobierno.
El nuevo gobierno paraguayo pretendía acudir a la próxima cita del bloque, el jueves y el viernes en Mendoza, en el norte de Argentina, anunció el nuevo canciller, José Félix Fernández Estigarribia.
Pero rápidamente los demás miembros del bloque comercial comunicaron que suspendían al país.
Brasil, principal socio comercial de Paraguay (60% del total) y con grandes intereses en el país, calificó la destitución de Lugo de “ruptura del orden democrático”.
El nuevo presidente liberal se encuentra a la defensiva ante la condena unánime que ha suscitado entre sus vecinos la destitución de su antiguo compañero de fórmula.
La Iglesia Católica es la que se ha mostrado más satisfecha con la destitución de Lugo, un obispo católico suspendido ad divinis por la Santa Sede, al ser el nuncio apostólico el primer diplomático que visito a Franco.
