SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el viernes medidas cautelares a 34 trabajadores del
periódico digital El Faro tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos por amenazas recibidas por su labor.
'La Comisión está diciendo que en El Salvador hay una situación alarmante, preocupante y que de verdad la prensa o los periodistas que hace una labor de investigación y que tienen una función critica de cara a la ciudadanía están en riesgo, es decir, lo que Comisión hace también es encender una alarma y un foco hacia la comunidad internacional”, dijo a la AP Sergio Arauz, subjefe de redacción de El Faro.
“Es un gran precedente en términos de jurisprudencia sobre la libertad de expresión y que también manda un mensaje a todos aquellos funcionarios que tiene la costumbre de hacer bullying y amedrentar a los periodistas', agregó Arauz.
La CIDH consideró que los trabajadores de este medio independiente serían objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización, principalmente a través de redes sociales. También determinó que la información recibida sobre la situación de riesgo de los empleados, valorada en el marco contextual en El Salvador, sugiere que los presuntos actos de hostigamiento “tendrían como propósito no solo intimidarlos, sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores periodísticas”.
La CIDH agrega que la situación estaría generando un alto nivel de exposición de estas personas y consideró que, si bien el Estado habría adoptado acciones al tomar conocimiento de los hechos alegados, a la fecha no se estarían implementando medidas de protección con el propósito de mitigar la situación de riesgo actual de las personas afectadas.
Tras analizar las alegaciones, la CIDH solicitó a El Salvador adoptar las acciones necesarias para preservar la vida de los trabajadores de El Faro para que éstos puedan desarrollar sus actividades en ejercicio de su derecho de libertad de expresión sin ser objeto de presiones.
Asimismo, se pidió que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos alegados.
La CIDH aclara que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado salvadoreño no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
La petición ante la CIDH fue interpuesta por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Faro sostiene que desde que tomó posesión el presidente Nayib Bukele sus periodistas han enfrentado bloqueos a conferencias de prensa, amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas, campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado, estigmatización y acoso en las conferencia de prensa, seguimiento a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario.
'La Comisión está diciendo que en El Salvador hay una situación alarmante, preocupante y que de verdad la prensa o los periodistas que hace una labor de investigación y que tienen una función critica de cara a la ciudadanía están en riesgo, es decir, lo que Comisión hace también es encender una alarma y un foco hacia la comunidad internacional”, dijo a la AP Sergio Arauz, subjefe de redacción de El Faro.
“Es un gran precedente en términos de jurisprudencia sobre la libertad de expresión y que también manda un mensaje a todos aquellos funcionarios que tiene la costumbre de hacer bullying y amedrentar a los periodistas', agregó Arauz.
La CIDH consideró que los trabajadores de este medio independiente serían objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización, principalmente a través de redes sociales. También determinó que la información recibida sobre la situación de riesgo de los empleados, valorada en el marco contextual en El Salvador, sugiere que los presuntos actos de hostigamiento “tendrían como propósito no solo intimidarlos, sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores periodísticas”.
La CIDH agrega que la situación estaría generando un alto nivel de exposición de estas personas y consideró que, si bien el Estado habría adoptado acciones al tomar conocimiento de los hechos alegados, a la fecha no se estarían implementando medidas de protección con el propósito de mitigar la situación de riesgo actual de las personas afectadas.
Tras analizar las alegaciones, la CIDH solicitó a El Salvador adoptar las acciones necesarias para preservar la vida de los trabajadores de El Faro para que éstos puedan desarrollar sus actividades en ejercicio de su derecho de libertad de expresión sin ser objeto de presiones.
Asimismo, se pidió que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos alegados.
La CIDH aclara que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado salvadoreño no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
La petición ante la CIDH fue interpuesta por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Faro sostiene que desde que tomó posesión el presidente Nayib Bukele sus periodistas han enfrentado bloqueos a conferencias de prensa, amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas, campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado, estigmatización y acoso en las conferencia de prensa, seguimiento a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario.
