Bruselas.- Al menos 110 personas fueron "criminalizadas" a través de procesos judiciales en la Unión Europea "por ayudar a migrantes", según denunció este martes la ONG proinmigrantes PICUM, que sostuvo que es probable que la cifra sea "muy inferior a la real".
Estos datos provienen "del monitoreo de medios y la investigación" realizada por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), que, junto a otras cinco organizaciones, ha elaborado el informe 'Criminalización de la solidaridad con migrantes en la UE 2025'.
El seguimiento de la ONG reveló que la mayoría de las personas que enfrentaban procesos judiciales se encontraban en Grecia (50), Polonia (20), Italia (19) y Francia (14), aunque también se registraron casos en Letonia, Malta, Eslovenia y Chipre.
Entre ellos, a 41 personas se le abrieron procesos judiciales "por rescatar o ayudar a migrantes en peligro en el mar", a 17 por "participar en protestas y otras formas de desobediencia civil", a 12 "por ayudar a personas a cruzar una frontera", a 10 por "brindar asistencia e información legal" y a 8 "por ofrecer alimentos, agua y ropa".
También se procesó a personas por "la vigilancia de infracciones o el suministro de refugio a migrantes".
"Es una realidad bastante distópica que en la Europa actual uno pueda enfrentarse a juicios, multas e incluso prisión simplemente por ayudar a quienes lo necesitan", dijo Silvia Carta, responsable de incidencia política en PICUM y autora del estudio.
En el informe se hace especial referencia al caso de siete activistas del País Vasco (norte de España) que, según PICUM, fueron llevados a juicio en Francia y luego absueltos "por haber ayudado a 36 migrantes a cruzar de España" a territorio francés durante una carrera popular.
La duración media de estos procesos judiciales registrados por el sistema de seguimiento de PICUM supera los tres años, y, en 2025, concluyeron los procesos judiciales de 41 de las 110 personas acusadas con la absolución o retirada de cargos de 38 de ellas, y la condena de otras tres.
"Aun cuando un caso termine en absolución, los juicios tienen graves consecuencias para las finanzas, la vida personal y el bienestar psicológico de las personas", se lee en el documento.
Además de los procesos judiciales, el informe también constató que al menos 11 organizaciones de la sociedad civil fueron objeto de multas y sanciones administrativas -la mayoría de ellas se dedicaban a la búsqueda y rescate en el Mediterráneo-.
Asimismo, en 2025, PICUM registró al menos 33 casos de "acoso extrajudicial, como intimidación y campañas de desprestigio dirigidas tanto a particulares como a actores de la sociedad civil".
Según la ONG, es probable que la situación "empeore" debido a una propuesta para revisar la legislación actual de la UE sobre tráfico ilícito de migrantes que "deja la puerta abierta a la criminalización de la asistencia humanitaria y podría ampliar los motivos para criminalizar a los migrantes".
"La dignidad humana y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea. A medida que avanzan las negociaciones, el Parlamento Europeo debe defender estos valores y consagrar en la ley que nadie debe ser procesado simplemente por cruzar una frontera o ayudar a personas necesitadas", apuntó Silvia Carta.
