Militares mexicanos mataron al menos a 12 presuntos delincuentes cuando ya se habían rendido en el marco de un enfrentamiento en el que hubo un total de 22 muertos en junio en Tlatlaya (centro), según la investigación del Ombudsman mexicano difundida el martes.
'Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluidos dos adolescentes', dijo en conferencia de prensa Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman).
No obstante, Plascencia apuntó que la cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales podría ser mayor ya que otros tres cadáveres fueron manipulados, lo que 'hace presumir también que fueron privados arbitrariamente de la vida'.
Plascencia recalcó que hubo una 'alteración del lugar de los hechos para simular que habían muerto (todas) las personas por el enfrentamiento'.
La investigación del ombudsman contrasta con la última información ofrecida por la fiscalía general mexicana que señaló que, de los 22 muertos en Tlatlaya, fueron ocho los asesinados por soldados tras el enfrentamiento.
Los hechos ocurrieron el 30 de junio en Tlatlaya, una comunidad de la violenta región de Tierra Caliente a 240 km al este de la capital mexicana.
La versión ofrecida esa noche por la secretaría de la Defensa indicaba que una patrulla militar fue agredida a tiros desde una bodega y eso desató una balacera en que murieron 22 presuntos delincuentes.
Pero en septiembre una testigo contradijo la versión oficial y dijo a la prensa que en el tiroteo sólo hubo un muerto y que los otros 21 fueron ejecutados a sangre fría tras rendirse, incluida su hija de 15 años.
El 10 de octubre la fiscalía acusó formalmente a tres militares -un sargento y dos soldados- por 'homicidio por agravantes' y al teniente que iba al mando del grupo por 'encubrimiento'.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, incluso afirmó que los militares remataron a los rendidos empleando armas de sus compañeros ya muertos.
Los ocho militares que participaron en el operativo están en una prisión militar desde el 25 de septiembre.
El caso generó un nuevo escándalo en México sobre las prácticas de las fuerzas de seguridad en el combate al crimen organizado, al que se sumó hace casi un mes la desaparición de 43 estudiantes después de ser tiroteados por policías locales y sicarios del narcotráfico en Iguala (sur).
