Entre semana, a las 5:00 de la mañana, cuando las luces en distantes cerros al otro lado de la frontera siguen titilando en la oscuridad, Martha, estudiante del último grado de bachillerato, empieza su arduo recorrido de tres horas a la escuela.
Medio dormida aún, abre la verja de seguridad custodiada por el dóberman de la familia y espera bajo el intenso resplandor de la gasolinera de Pemex a que pase el autobús que la lleva a la frontera. Los otros pasajeros, hombres maduros con los brazos cruzados, se recargan sobre ella mientras duermen.
El destino de Martha, a la par de docenas de jóvenes amigos -ciudadanos estadounidenses que viven en “TJ”, como se refieren cariñosamente a su ciudad- es un bachillerato público a casi 13 kilómetros de Chula Vista, California, donde nacieron y donde aún alegan que viven.
Los adolescentes californianos empiezan sus mañanas con guardias de cruce fronterizo y autobuses escolares. Martha y sus amigos se paran por horas en una cadena humana de 16,000 personas en la frontera internacional más concurrida del mundo.
Con teléfonos celulares en una mano y cuadernos en la otra, esperan de nuevo para cruzar a pie, temiendo demoras que pudieran obligarlos a perder un examen final de ciencias sociales, sin prestar atención a los vendedores ambulantes que venden burritos para el desayuno o a los padres de familia de expresión cansina cargando a infantes en piyama.
En San Ysidro, el puerto de entrada, abordan un trolebús rojo hasta otro autobús que los lleva a la escuela. Van contra el reloj: la campana suena a las ocho en punto.
“La mayor parte del tiempo me siento realmente cansada”, dijo Martha, cuyos padres se mudaron de nuevo a Tijuana debido que el costo de la vida era más barato aquí que en el sur de California.
“Intento dar mi mejor esfuerzo”, agregó. “Pero, a veces, sencillamente no puedo”.
En el intenso debate sobre inmigración, casi todas las partes han llegado a coincidir en una aplicación más severa de las leyes en la frontera.
Pero, casi sin que se note, la frustración se está centrando localmente en personas que cruzan la frontera y no son inmigrantes indocumentados sino jóvenes ciudadanos estadounidenses cuyas familias han regresado a México, pero aún así quieren que sus hijos asistan a escuelas estadounidenses.
Entre dos mundos
Conocidos como “transfronterizos”, estos estudiantes transitan entre dos culturas, dos idiomas y dos naciones cada día, ejerciendo presión sobre los recursos de distritos de escuelas públicas y desatando un debate entre educadores y sociólogos con respecto a si está en los intereses de Estados Unidos que ellos sean educados en este país.
Si bien algunas familias mexicanas pagan la alta colegiatura que se exige a estudiantes que no viven en el distrito, la mayoría no lo hace, y muchos no pagan los impuestos de propiedad que mantienen los servicios públicos.
Estudiantes como Martha no son detectados en el radar de algunos distritos escolares, en tanto otros distritos asignan a oficiales encargados del ausentismo escolar para que averigüen quiénes son.
Viven con la ansiedad de la posibilidad de tener que mentir con respecto a su residencia y la posibilidad muy real de que les quiten el premio que persiguen: una buena educación.
Si bien se desconoce su número exacto, su presencia refleja las complejidades cotidianas de la vida fronteriza; entre ellas, disparidades económicas y educativas entre Estados Unidos y México y familias divididas por las deportaciones y el desempleo.
Los transfronterizos pueden ser hallados desde Calexico, en California, hasta El Paso, Texas, donde la violencia en la vecina Ciudad Juárez, México, ha dado origen a la creación de un carril designado para entre 800 y 1,400 estudiantes diarios, incluidos ciudadanos estadounidenses que asisten a escuelas en El Paso.
