Helena. Un juez estatal suspendió la parte de una ley que exige a las personas probar que tienen la ciudadanía o están legalmente en Estados Unidos para recibir servicios públicos en el estado de Montana, pero dejó intacto el resto para “preservar el propósito del pueblo” que aprobó la legislación.
La ley, aprobada en forma categórica por los electores en noviembre, estipula que las personas deben probar que tienen derecho a servicios que van desde las prestaciones por desempleo hasta la asistencia a víctimas de hechos delictivos.
Varios abogados promotores de los derechos de los inmigrantes impugnaron en diciembre la ley llamada Referendo Legislativo 121, con el argumento de que violaba el derecho constitucional a la privacidad, al debido proceso judicial y a la protección social equitativa.
También afirmaron que la legislación concede indebidamente a las instituciones públicas del estado la facultad de determinar si alguien es un inmigrante sin autorización para estar en Estados Unidos, y entregarlo a las autoridades federales. Por tanto, solicitaron al juez federal Jeffrey Sherlock, de la ciudad de Helena, que emitiera una orden restrictiva para suspender toda la ley durante el proceso de la demanda.
Sherlock dijo en su decisión que era irrazonable que las personas esperasen recibir prestaciones estatales sin demostrar que cumplen los requisitos. En el caso de un proceso judicial por motivos de inmigración contra una persona, ese sería llevado por el gobierno federal, no por el estado, lo cual no sería una violación de la privacidad, resolvió Sherlock.
