La embajadora de Ecuador en Londres, Ana Albán, anunció que tuvo conversaciones 'cordiales y constructivas' este miércoles con representantes del gobierno británico sobre la solicitud de asilo político del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en su legación.
'Esta mañana mantuve una reunión con representantes del gobierno británico en el ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre la solicitud del señor Julian Assange de santuario diplomático y asilo político. Las conversaciones fueron cordiales y constructivas', declaró Albán en un comunicado publicado después de la reunión.
El australiano, de 40 años, se refugió el martes en la embajada de Ecuador en Londres, donde presentó una solicitud de asilo político
que el gobierno de la nación sudamericana debe examinar, para evitar su próxima extradición a Suecia como sospechoso de cuatro supuestos delitos de agresión sexual.
'Aproveché la oportunidad para explicar que la decisión sobre la solicitud de Assange será evaluada por el ministerio de Relaciones Exteriores en Quito y tendrá en cuenta la larga y bien establecida tradición del gobierno en respaldar los derechos humanos', agregó.
'Enfaticé también que no era intención del gobierno ecuatoriano interferir con los procesos de los gobiernos británico o sueco', señaló.
En su primera declaración oficial la noche del martes, el ministerio de Relaciones Exteriores declaró a través de una portavoz que buscaría 'trabajar con las autoridades ecuatoriana para resolver esta situación.
La embajadora, que agradeció el comunicado, señaló por su parte que comunicó a sus interlocutores británicos su disponibilidad para reunirse 'con los representantes del gobierno en cualquier momento para que podamos encontrar una solución justa a esta situación'.
La acción de Assange se produjo días después de que la Corte Suprema, que dio luz verde a la extradición a partir del 28 de junio, desestimara una última petición de los abogados del fundador de Wikileaks para que reabriera el caso, con lo que agotaron sus recursos legales en el Reino Unido tras 18 largos meses de batalla judicial.
