Washington, Estados Unidos.- Un juez federal dio inicio este miércoles al proceso para declarar al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con "completo menosprecio" una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", escribió.
Permitir al Gobierno "anular" los fallos de las cortes, agregó Boasberg, "convertiría en una burla solemne a la propia Constitución".
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE UU y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una "desaparición forzada".
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EE UU llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE UU hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
El caso de Kilmar Ábrego
Un caso particular ha puesto al gobierno de Trump en el blanco de las críticas por la forma de proceder. Se trata de la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, detenido en el Cecot tras ser deportado desde Estados Unidos pese a tener un estatus legal.
A pesar de que el Supremo de Estados Unidos emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al gobierno a "facilitar" el retorno del salvadoreño, tanto Estados Unidos como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a Estados Unidos sería ilegal.
Por su parte, el gobierno de Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es "clasificado" y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en Estados Unidos que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
