Guatemala. El Congreso eligió el viernes en sesión extraordinaria a cinco diputados que integrarán la comisión encargada de investigar y definir si hay lugar o no el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina.
El 10 de junio la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar el trámite para que se formara la comisión pesquisidora contra Pérez Molina, solicitado por un diputado que le acusa de tener vínculos con hechos de corrupción.
Los diputados que integraran la comisión son Baudilio Hichos, Fernando García Mario, Juan Armando Chun, miembros del partido Libertad Democrática Renovada, Mario Santiago Linares del partido oficialista y Hugo Morán del Partido Creo.
La votación se hizo entre los 158 diputados que integran el Congreso, aunque hubo 30 ausencias.
La elección duró menos de una hora en la que los diputados no fijaron un tiempo plazo para que la comisión rinda su informe.
“Hoy el Congreso en vez de avanzar en otras cosas vota para una comisión”, dijo Pérez Molina al conocer la determinación y agregó que “se deben respetar los procesos, hacer cualquier cosa fuera de la ley sería aislar al país”.
La víspera un abogado particular presentó un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para proteger al presidente de la conformación de la comisión pesquisidora.
Sin embargo, horas después el presidente rechazó la acción y dijo que la misma se hizo sin su consentimiento. El Constitucional entonces decidió suspender en definitiva el trámite que había dado al recurso.
Más presión sobre Pérez
Diputados opositores guatemaltecos estimaron que la decisión de la justicia de dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez por corrupción es el inicio de un proceso que llevará a la renuncia del mandatario.
“Este es el preludio de la salida del presidente”, señaló el diputado Orlando Blanco, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata), al considerar que Pérez no concluirá su mandato de cuatro años que finaliza en enero próximo.
“Yo creo que el presidente no se someterá a las investigaciones de esta comisión pesquisidora porque sería someterse a un escarnio público” y para evitar eso renunciaría a su cargo, opinó Blanco.
El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Sin embargo, Pérez rechazó las presiones y aseguró que “estoy dispuesto a seguir con el debido proceso, pero voy a seguir trabajando hasta el último momento para servirle al pueblo de Guatemala (...). Yo no tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo”.
Tras los pasos de Baldetti
El pasado 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
La principal acusación recayó contra el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar el 8 de mayo por este caso, debido a supuestas menciones a su persona en conversaciones telefónicas interceptadas a integrantes de la red.
Para Pop, el presidente guatemalteco lleva el mismo camino de Baldetti, a quien también se le había iniciado una investigación legislativa, pero dimitió antes de ser llamada a declarar. “Yo pensaría que pasará similares circunstancias a lo de la vicepresidente. Siento que si el presidente no llega al Congreso es irreversible que se le retire la inmunidad y es casi irreversible también que renuncie”, dijo Pop a medios locales.
El último escándalo de corrupción en el gobierno de Pérez quedó al descubierto el pasado 20 de mayo al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el presidente del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario, ambos acusados de participar en la adjudicación irregular de un contrato por 116 millones de quetzales (unos 14.5 millones de dólares) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala para el servicio de diálisis peritoneal.
Los casos de corrupción provocaron la indignación de millares de guatemaltecos que desde abril han protagonizado manifestaciones masivas en la capital y en los principales centros urbanos del país para exigir la renuncia de Pérez y su procesamiento por la justicia.
