La decisión del alto tribunal se produjo menos de dos horas después de que los siete magistrados escucharan los argumentos en la apelación del estado al fallo de una jueza de primera instancia.
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Los jueces habían acribillado al procurador general Beau Roysden con preguntas sobre la inclusión de políticas tan diferentes como las carreras de perros y la seguridad de las boletas electorales en uno de los proyectos de ley presupuestarios.
La constitución del estado dice que cada proyecto de ley debe abarcar un solo tema y que cada sección debe estar debidamente conectada con las demás.
Por otra parte, los títulos de cada proyecto de ley deben reflejar el contenido y dar a los legisladores y al público un aviso adecuado de lo que se incluye.
La decisión tendrá profundas repercusiones para la legislatura.
Los republicanos que controlan el Senado y la Cámara de Representantes han eludido este requisito durante años, al incluir elementos políticos en los proyectos de presupuesto.
Este año, la legislatura fue más agresiva y llenó los 11 proyectos de ley que componen el presupuesto con una variedad de asuntos políticos conservadores, algunos de los cuales habían fracasado como proyectos de ley independientes.
El tribunal confirmó una sentencia dictada en septiembre por la jueza de la Corte Superior del condado de Maricopa, Katherine Cooper, que impedía que entrara en vigor la prohibición de las mascarillas en las escuelas y otras disposiciones incluidas en el paquete presupuestario estatal.
Cooper consideró que las cláusulas de tres proyectos de ley de presupuesto –incluyendo la prohibición de los mandatos del uso de mascarillas en las escuelas– violaban la regla del título.
La jueza bloqueó esas cláusulas y permitió que entraran en vigor el resto en los proyectos de ley que financian la educación, las universidades y la atención sanitaria.
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