Tegucigalpa, Honduras.-Los migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tienen una serie de derechos establecidos en el Manual Nacional del Detenido, un documento oficial de 76 páginas que fue actualizado en 2024 y que detalla las garantías básicas dentro de los centros de detención en Estados Unidos.
Según el manual, todos los migrantes deben recibir una copia del reglamento al ingresar a las instalaciones, donde se les explica qué derechos tienen, cuáles son sus responsabilidades y cómo pueden presentar quejas o reportar abusos. El texto está disponible en inglés y otros idiomas, incluido el español, para que cada persona pueda comprenderlo plenamente.
Uno de los derechos más destacados es el acceso gratuito a intérpretes o servicios de traducción desde el momento de la admisión. ICE establece que si una persona no habla o no entiende el inglés, se le debe proporcionar asistencia lingüística para todos los asuntos relacionados con la agencia o con su salud médica.
El derecho a la interpretación se considera esencial para que los migrantes puedan ejercer una defensa justa durante sus procesos de inmigración o deportación. Sin la posibilidad de comunicarse o comprender los procedimientos, el acceso a la justicia se ve severamente limitado, advierten expertos.
Además, el manual establece que los detenidos deben recibir información sobre servicios médicos, programas adicionales dentro del centro, acceso a comunicación externa y orientación sobre asistencia legal. Si bien ICE no ofrece abogados gratuitos, las instalaciones deben proporcionar información sobre organizaciones que brindan ayuda legal o asesoría migratoria.
El reglamento también incluye normas de conducta que los migrantes deben seguir durante su permanencia en los centros de detención. Estas reglas buscan mantener el orden, pero también garantizar que los detenidos conozcan los mecanismos para denunciar abusos, negligencia o trato inadecuado por parte del personal.
El Manual del Detenido representa un intento por reforzar el debido proceso dentro de un sistema criticado por sus condiciones y la falta de transparencia. Con políticas migratorias cada vez más estrictas, conocer y ejercer estos derechos puede marcar una diferencia en los resultados de los casos.
