La iniciativa tendiente a posibilitar la extradición de hondureños y extranjeros, vinculados al crimen organizado, recibe el apoyo de expertos en materia constitucional.
Recientemente, el exfiscal delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción en Colombia, German Enrique Zamudio, dictó en Honduras una conferencia en la que destacó la figura de la extradición, como una herramienta útil contra la narcoactividad. Zamudio consideró que los países de la región, incluido Honduras, deberían considerar extraditar a los reos más peligrosos, tanto nacionales como extranjeros, que son buscados en otros países.
Algunos sectores justifican la necesidad de aprobar una ley de extradición y justifican que en Honduras no existirían las condiciones para aplicar justicia y recluir a involucrados en actividades como narcotráfico, lavado de activos o tráfico de armas.
El experto en materia constitucional, Rigoberto Espinal Irías, en entrevista concedida a EL HERALDO externó su posición favorable a la iniciativa de extraditar a nacionales vinculados al crimen organizado.
'Yo, personalmente estoy de acuerdo, siempre que se deje claramente establecido cuál es el tipo de delitos que da lugar para que no existan abusos al respecto', expresó Espinal Irías, quien es catedrático universitario y asesor de la Fiscalía General.
Para el caso, expuso que podrían ser objeto de extradición hondureños acusados por delitos ligados al crimen organizado como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y terrorismo, entre otros.
Cooperación
Espinal Irías justifica su criterio personal. 'Los tiempos cambian, estos tipos de delitos son transnacionales, por lo general ocurren en distintos países, es bueno cooperar con aquellos países que tienen un mejor sistema judicial y penitenciario', expresó. 'Tener este tipo de delincuentes en nuestros centros penitenciarios es un peligro, para ellos mismos su vida podría correr mucho peligro', añadió.
Igualmente, apuntó que Honduras tiene un sistema de justicia débil, no se confía en este sistema. Por otro lado, expuso que el gobierno ha contraído muchas obligaciones de cooperación internacional contra el uso indebido de drogas controladas por el Estado, terrorismo y otras como torturas, etc, por lo que se ha comprometido a cooperar.
'Esa cooperación se traduce en la extradición', manifestó. Ya la Convención de Viena define los pasos para una extradición.
Reforma constitucional
La Constitución de la República prohíbe extraditar a un hondureño. Por tanto, una modificación a la norma queda en manos del Congreso Nacional, la aprobación a una reforma tendría que ser por mayoría calificada. Tendría que ser en dos legislaturas, en una se aprueba y en otra se ratifica.
'La extradición de los nacionales solo sería posible si se reforma la Constitución de la República, porque es muy contundente al decir que ningún hondureño podrá ser entregado a un gobierno extranjero', expresó.
Por ello es que Honduras ha negado cualquier solicitud de extradición, cuando se trata de un nacional objeto de alguna imputación de delitos ligados al crimen organizado.
En la Convención que se suscribió en La Habana, Cuba, en 1928, sobre el Derecho Internacional Privado, se establece que ninguna nación parte de ese convenio está obligada a entregar a sus nacionales a gobiernos extranjeros y que cuando lo hace debe de juzgarlos.
'Así es que si Honduras quiere cumplir sus compromisos internacionales y cooperar en la lucha contra estos delitos debe de reformar su Constitución, si no reforma la Constitución no puede hacerlo', subrayó Espinal Irías.
