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Tegucigalpa, Honduras.- El equipo jurídico del Bufete Justicia para los Pueblos pretende dar un golpe al proceso legal e intentar conocer a los autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López.
Esto sería posible, según su estrategia legal, realizando el vaciado telefónico de los presuntos autores materiales, estos que ya fueron capturados y que enfrentan actualmente un proceso legal en los tribunales de San Pedro Sula, para saber quien les ordenó ejecutar a López.
Josué Lemus, parte del equipo legal del Bufete para los os Pueblos, sobre este particular, expresó: "En representación de las víctimas, nosotros esperamos que con el vaciado se obtengan todas las pruebas necesarias, vinculantes, no solamente para los autores materiales que están en este momento procesados, sino, que para los autores intelectuales".
Lemus adujo que "para nosotros es primordial que los peritos tengan los informes de ese vaciado para sustentar la acusación en la audiencia preliminar previa al juicio oral y público, que nos permitirá como acusadores privados y al Ministerio Público, tener una prueba contundente contra los implicados, tanto actores materiales, como intelectuales".
Audiencia preliminar
El vaciado telefónico se ha realizado desde que empezaron las investigaciones preliminares y los acusadores privados a favor de Juan López tienen hasta el 14 de agosto del presente año, fecha en que se realizará la audiencia preliminar en los Juzgados con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula.
Con las evidencias que pudieran derivarse del vaciado telefónico, la parte acusadora podrá tener una prueba contundente contra los autores materiales e intelectuales, si los hubiese, y que el Ministerio Público presente la acusación, formalizarla y presentar los respectivos descargos.
La esperanza es que esos vaciados practicados a los aparatos celulares de los tres capturados hasta el momento los lleven a posibles autores materiales.
"Sí, en efecto, para la audiencia inicial lo que se requiere es una actividad mínima probatoria, pero para un juicio oral y público tiene que haber una certeza del 100% de la comisión del delito y de la participación de los imputados", precisó Lemus.
Con esta acción se pretende ampliar más requerimientos fiscales a posibles autores intelectuales.
