Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los tres acusados por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López aceptará su culpabilidad por el crimen, adelantó el abogado José Lemus, acusador privado del caso.
El imputado, de quien Lemus se reservó revelar su identidad, solicitó someterse a un procedimiento abreviado, con el cual podrá reducir un tercio de la pena.
Lemus recordó que el Código Penal sanciona el delito de homicidio con una pena que puede ser entre los 25 a 30 años de prisión. De someterse el acusado al procedimiento abreviado aceptando su culpabilidad y si este es condenado a 30 años, se le podrían restar diez años.
A su vez, aclaró que bajo el procedimiento abreviado el imputado no manifiesta de forma explícita los delitos por los que se declara culpable.
"El Ministerio Público (MP) relata los hechos, así como se presentó el requerimiento fiscal y el imputado en ese caso se somete y dice que es cierto lo que el MP", indicó, agregando que el MP señala a los tres sospechosos de ser autores materiales en contra del defensor del medioambiente.
En cuanto a los otros dos implicados por la muerte de López, quien también era regidor de la municipalidad de Tocoa, se someterían a un juicio oral y público. No obstante, la fecha no ha sido fijada debido a que se suspendió la audiencia preliminar de este martes, reprogramándose para el 14 de agosto.
La audiencia preliminar se suspendió debido a que "tanto los acusadores privados como la fiscalía sostienen que les faltan algunas pericias, posición que fue también adoptada por la defensa técnica legal de los imputados", informó Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial.
Sobre el asesinato de Juan López
Juan Antonio López no solo era ambientalista y regidor municipal, sino también miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús en Honduras.
López fue acribillado a disparos en la noche del 14 de septiembre en la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, en el momento que él salió de una iglesia e ingresó a su automóvil.
Este acto ha sido repudiado tanto por la comunidad nacional como e internacional, exigiendo justicia y que el caso no se quede en la impunidad.
López en su labor como ambientalista luchó contra la instalación de y operación de una mina, así como también defendió la naturaleza del municipio ante el proyecto “Monstruo de siete cabezas” que consiste en la instalación de dos minas, una generadora termoeléctrica, tres pozos y una peletizadora que afectaría a la cuenca del río Guapinol.
Debido a sus acciones, su vida estaba en peligro, por lo que contaba con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En octubre de 2024, la Policía Nacional capturó a Daniel Antonio Juárez Torres, Lenín Adonis Cruz Munguía y Óscar Guardado Alvarenga, quienes ahora enfrentan la justicia al ser los principales señalados por el asesinato de López.
