Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida popularmente como Política Limpia, presentará este jueves su informe de rendición de cuentas correspondiente al proceso de las Elecciones Generales de 2025.
Revelando que cerca de 500 candidatos que compitieron en los tres niveles electivos serán sancionados por incumplir la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
De un universo aproximado de 2,000 aspirantes a cargos de elección popular; incluyendo fórmulas presidenciales, diputaciones al Congreso Nacional y corporaciones municipales; solo 1,500 sujetos obligados cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus estados financieros y respaldos de egresos.
Los 500 restantes omitieron la entrega de sus reportes, abriéndose paso a un riguroso proceso sancionatorio que busca sentar un precedente contra la opacidad en el uso de recursos de campaña.
Entre los casos más destacados que contempla la nómina de infractores figura la sanción directa a un destacado dirigente que buscó la nominación presidencial por el Partido Liberal de Honduras.
El candidato enfrentará una severa multa por no tener claridad en el manejo de algunos fonfospara el manejo exclusivo de los fondos de su campaña, incurriendo además en la omisión total del informe que justifica el origen y destino del dinero utilizado en su propaganda y movilización logística.
El esquema de penalizaciones establecido en la normativa electoral varía según la jerarquía del cargo al que aspiró el sujeto obligado.
Para el nivel presidencial, la multa base por la no presentación del informe financiero equivale a 15 salarios mínimos en su escala más alta (monto que supera los 150 mil lempiras); mientras tanto, para las nóminas de diputados las sanciones son de 10 salarios mínimos y para las planillas a alcaldías y regidurías se fijaron en 5 salarios mínimos, pudiendo duplicarse o llegar hasta los 100 salarios mínimos en casos donde persista la reincidencia o la rebeldía institucional.
Para hacer efectivas estas penalizaciones y garantizar el cobro de los valores adeudados al Estado de Honduras, el pleno de comisionados de la UFTF enviará los expedientes sancionatorios en firme a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta entidad del Estado, en su condición de representante legal de la administración pública, asumirá la ejecución de los cobros por la vía administrativa o mediante demandas civiles en los tribunales correspondientes.
El procedimiento legal contempla que, una vez recibidas las resoluciones en la PGR, la institución otorgará un plazo formal de notificación y emplazamiento a los infractores para que procedan al pago voluntario de las multas en las cuentas del Tesoro Nacional.
De no registrarse la cancelación respectiva, la PGR promoverá reparos y juicios ejecutivos de cobro, los cuales podrían acarrear la inhabilitación para el ejercicio de la función pública o la imposibilidad de inscribirse en futuros comicios electorales.
Adicionalmente, el informe que expondrá la UFTF profundiza en las auditorías de campo y el monitoreo de medios de comunicación para determinar si los gastos reales sobrepasaron los techos financieros autorizados por el órgano electoral durante la contienda de 2025.
La fiscalización busca transparentar si las aportaciones recibidas por los políticos provinieron de fuentes lícitas y si se respetaron los canales de bancarización obligatorios.
