Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción de tres hospitales públicos mantendrían paralizados estos proyectos por más de dos meses.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Montes, explicó que el proceso requerirá una revisión exhaustiva de contratos, documentación financiera y verificaciones técnicas en campo.
El funcionario detalló que la investigación avanza luego de que el ente contralor recibiera documentación remitida por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), relacionada con la ejecución de los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho, obras que actualmente permanecen suspendidas por orden judicial tras una solicitud del Ministerio Público.
Montes reconoció que el tiempo de investigación se extenderá debido al volumen de información bajo análisis y a la complejidad del proceso.
Actualmente, el TSC revisa 47 contratos vinculados a estos proyectos hospitalarios. De ese total, 25 corresponden al hospital de Santa Bárbara, 11 al de Ocotepeque y 11 al de Salamá, según datos proporcionados por el propio ente contralor.
Las auditorías abarcan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, con el objetivo de determinar si el avance físico de las obras corresponde con los recursos contratados y ejecutados.
El monto preliminar bajo revisión asciende a 4,662.7 millones de lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 3,202 millones para el hospital de Santa Bárbara, 779 millones para el de Salamá y 691 millones para el centro asistencial de Ocotepeque.
“Estamos haciendo los avances y después haremos la citatoria correspondiente a cada uno de los servidores públicos que participaron en este proceso”, indicó Montes, al confirmar que exfuncionarios y otros involucrados serán llamados a rendir declaraciones conforme avance la investigación.
Además de la revisión documental, el TSC desplazará equipos multidisciplinarios hacia los tres departamentos para realizar inspecciones físicas y contrastar el estado real de las obras con lo establecido en los contratos y los desembolsos efectuados.
Las investigaciones también incluyen la adquisición de mobiliario hospitalario, equipo médico y otras compras asociadas a los proyectos, así como denuncias relacionadas con la contratación de personal extranjero para labores técnicas.
De encontrarse indicios de responsabilidad, el proceso podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales contra exfuncionarios, contratistas u otras personas involucradas.
La controversia sobre estos hospitales también ha alcanzado el ámbito político.
El presidente Nasry Asfura cuestionó recientemente la procedencia de los recursos asignados a las obras, al señalar que los llamados fondos nacionales no estaban disponibles dentro del presupuesto estatal sin comprometer otros pagos prioritarios.
Los tres hospitales fueron presentados como proyectos estratégicos para ampliar la capacidad de atención del sistema sanitario público en regiones históricamente afectadas por la falta de infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, los atrasos, la suspensión de obras y los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos han incrementado la presión pública sobre las autoridades.
Mientras avanzan las pesquisas, la incertidumbre se mantiene sobre el futuro de los proyectos y sobre el destino de los millonarios recursos destinados a fortalecer la red hospitalaria nacional.
