Honduras

TSC investiga regalía de terrenos

Auditores revisan expedientes sobre adjudicación ilegal de lotes a Ham y otros exfuncionarios.

25.02.2014

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició una investigación de la irregular regalía de terrenos al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, y a otros exfuncionarios de esta entidad.

Este escándalo de corrupción fue revelado la semana pasada por EL HERALDO.

Un equipo de auditores del ente contralor llegó a la sede principal del INA, en Tegucigalpa, para iniciar la indagación en los expedientes.

La auditoría inició luego de que EL HERALDO revelara una irregular regalía de predios ubicados en 128 manzanas de terreno en la aldea Yaguacire, del

Distrito Central, a favor de Ham y otros exfuncionarios de esa institución, entre ellos Marcos Ramiro Lobo, exjefe jurídico del INA y electo magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral; Mauricio Aguilar, exsubjefe de Recursos Humanos y actual comisionado de Conatel; y Manrique Juárez, exsecretario general.

Dicho bien inmueble pertenece al Sitraina, según la denuncia, sin embargo, fue adjudicado por el exdirector del INA, Nectaly Medina, a los antes señalados y a otros beneficiados.

En el Ministerio Público fueron denunciados Ham, Medina y la secretaria general Sara Ruth Amador por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

La denuncia es investigada por la Fiscalía contra la Corrupción.

A la investigación se suma el TSC, quien de oficio abrió un expediente investigativo.

“Ya se inició la investigación, se envió personal al INA para verificar cómo se dio todo el proceso de adjudicación”, informó la secretaria general del TSC, Alva Rivera. “Como Tribunal ya estamos en el Instituto Nacional Agrario en un proceso de investigación”, indicó.

La investigación puntual está a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana.

Los auditores indagan qué fue lo que ocurrió con la adjudicación, cuál fue el procedimiento que se utilizó para asignar esos terrenos, manifestó.

El TSC interviene porque desde el origen el bien inmueble era patrimonio del Estado, sobre el cual se pudo ocasionar un daño.

En un mes estaría concluyendo la investigación, vaticinó.

Sin eximentes

La versión de Ham es que él en ningún momento solicitó le fuera entregado el lote de terreno.

Por su parte, el entonces director del INA, Nectaly Medina, aseguró que por un “error involuntario” firmó la asignación de lotes a personas que, según la ley, no debieron formar parte de este beneficio.

“Esto lo está verificando el Tribunal en este momento”, manifestó Rivera.

Al concluir la investigación, el personal encargado de constatar los hechos redactarán un informe.

Se podrá determinar si el proceso que se siguió fue o no irregular, explicó.

Para ello se contrastará el procedimiento con el marco legal vigente y aplicable. Para el caso: Constitución de la República, Código Penal, Código

Procesal Penal, Ley de Reforma Agraria, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Vigente, suscrito entre el INA y el Sitraina.

“Se revisará si se reunieron los requisitos, si procedía o no. Hay que ver qué se justificó”, dijo.

El TSC confirmará si existen o no responsabilidades de tipo civil o administrativo.
Igualmente, el informe que emita el TSC servirá a la Fiscalía contra la Corrupción en su investigación de responsabilidades de tipo penal. Se indagará si hubo irregularidad, abuso de autoridad o negligencia en la persona que firmó, dijo.

Hasta concluir con la investigación de la denuncia se puede determinar qué es lo que procede, manifestó la funcionaria.

En caso de encontrarse responsabilidades, se concederá el derecho a los señalados a impugnar las resoluciones. De no desvirtuar los hechos imputados, se confirmarán las responsabilidades.

Ham, Lobo, Juárez y otros interpusieron escritos renunciando a la regalía del terreno.

Sin embargo, la Fiscalía y el TSC continúan en su investigación ya que el renunciar al beneficio no los eximiría de responsabilidad penal, civil o administrativa.

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