Olancho, Honduras.-"Es totalmente falso que sea algo para perseguir a alguien”, afirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al referirse al debate que ha surgido en torno a la posible aplicación del juicio político contra altos funcionarios del Estado.
El titular del Legislativo recalcó que este procedimiento no responde a intereses políticos, sino a lo que establece la ley. “Esto no es por capricho político, esto no es por revanchismo, esto no es por persecución política, esto es un tema de justicia y es un tema de procedimientos legales”, expresó, al tiempo que aseguró que ya existe una base jurídica clara para su implementación.
En ese sentido, Zambrano enfatizó que el juicio político está plenamente respaldado por la normativa hondureña. “De la Constitución de la República se desprende la ley especial de juicio político y esa ley establece los procedimientos, así que es totalmente falso que sea algo para perseguir a alguien”, reiteró.
Además, sostuvo que el objetivo es “corregir, para asentar un precedente legal contra los que abusaron de la Constitución, del cargo y de la confianza que les delegó el Congreso Nacional”.
El congresista también aseguró que, de avanzar este tipo de procesos, se respetarán todas las garantías legales. “Nada de esto es ilegal, hay que decírselo al pueblo hondureño. Los juicios políticos son legales. Lo que nos va a corresponder... como presidente del Congreso, velar que se respeten esas garantías”, manifestó.
Al detallar el procedimiento, Zambrano explicó que la admisión de una denuncia requiere mayoría calificada. “Si alguien presenta la denuncia y, al tener los 86 votos, someter la votación, la admisión, dice la ley, se ocupan 86 votos. Después se determina en esa misma admisión la suspensión del cargo”, indicó.
Asimismo, agregó que “después el pleno tiene que nombrar una comisión para que lleve a cabo el proceso de investigación... esa comisión se vota y se nombra con 86”.
Sobre el rol de dicha comisión, precisó que deberá respetar los derechos del funcionario señalado. “Esta comisión tiene que citarlo como dice la ley, para que él presente pruebas, para que presente descargos y que pueda declarar ante la comisión especial de investigación”, explicó, subrayando que se garantizará “debido proceso, derecho a la defensa”.
Zambrano también rechazó versiones que vinculan el juicio político con sanciones penales. “O sea, nadie se le va a procesar, como he escuchado algunos locos que hablan, que dicen que es para meterlo preso (a Marlon Ochoa), mentira. Esto es para evaluar la conducta y determinar si existen méritos para destituirlo del cargo”, puntualizó.
En cuanto a la participación del funcionario en el proceso, aseguró que la ley contempla su derecho a defenderse directamente ante el pleno. “El alto funcionario... tenga el derecho de comparecer al pleno. Así lo dice la ley, ese derecho se lo vamos a respetar porque es parte de la garantía”, dijo. Añadió que “ya la ley establece que puede ser desde un mínimo de minutos... hasta un máximo de 4 horas”.
El presidente del Congreso también dejó claro que la decisión final no recae en una sola persona. “Después de eso, la comisión rinde informe y es el pleno el que vota. No es la comisión, no es Tomás Zambrano quien decide si se destituye a un alto funcionario, son los 86 votos”, afirmó.
Señaló que aún no hay denuncias formalmente presentadas, por lo que el alcance de posibles juicios políticos sigue siendo incierto. “No tenemos las denuncias presentadas en secretaría y no sabemos hasta cuál será el alcance, si 1, 2, 3, 4 o más altos funcionarios”, indicó, reiterando que, de concretarse, “lo que garantizo es debido proceso, garantías al alto funcionario, derecho a la defensa y sus espacios que ya establece la Constitución y la ley”.
