La solicitud de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, de suspender del cargo a Henry Salgado como fiscal especial contra la Corrupción, tiene un trasfondo político.
Este es el criterio del asesor legal de Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías. Con la petición formulada por tres integrantes de esta Comisión de Reforma: Víctor Meza, Jorge Omar Casco y Matías Funes, se estaría cobrando factura por las acusaciones interpuestas contra el expresidente Manuel Zelaya y exfuncionarios de su gobierno, por la crisis política iniciada en el año 2009. “Aquí parece más bien que es una represalia contra el fiscal que presentó requerimientos contra el expresidente Zelaya”, afirmó Espinal Irías.
No es una represalia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “parece que viene de los sectores que son enemigos de lo que pasó en el 2009”, agregó el constitucionalista.
Para evitar la contaminación ideológica se incorporaron dos extranjeros a la Comisión de Reforma a la Seguridad.
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Ilegal
Espinal Irías estudió los alcances legales de la petición formulada por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.
Producto de su análisis jurídico llegó a una conclusión.
“Para mí, legalmente es improcedente”, afirmó el exmagistrado. Argumentó varias razones. En primer lugar, refirió, la Comisión de la Verdad lo que pedía era una evaluación, sin señalar ningún hecho concreto.
“Al examinar las actuaciones del fiscal Salgado encontramos que a la fecha en que se produjeron los hechos que motivan la Comisión de la Verdad simplemente se procedió con apego al derecho procesal penal y a las disposiciones internas de la institución”, expresó.
En ese sentido, se recalca que la acusación contra
Zelaya y exfuncionario están bien fundadas.
Sin embargo, aclaró que el Ministerio Público no se opone a que sus fiscales sean investigados. “Esta institución es de libre acceso, de puertas abiertas, aquí cualquier comisión que ha venido ha sido atendida”, aseguró Espinal Irías, quien dijo apoyar las buenas actuaciones de los fiscales.
En tal sentido, afirmó que cuando han existido fiscales que puedan haberse desviado en su conducta han sido objeto de la judicialización del caso correspondiente o han sido despedidos o suspendidos. En el caso de Salgado aseguró que no han encontrado nada irregular.
