Tegucigalpa, Honduras.- El descontrol en el parque vehicular y la proliferación de automóviles circulando con placas de papel impresas por los propios dueños o simplemente no andan ningún registro, podría llegar a su fin.
En el Congreso Nacional se ha introducido el proyecto de la "Ley de Medidas Excepcionales para la Atención en el Sistema de la Propiedad Vehicular y la Seguridad Nacional", una normativa que busca sanear el registro automotriz y dotar a la Secretaría de Seguridad de herramientas tecnológicas para combatir el delito.
La propuesta, presentada por la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, surge ante el evidente déficit en el Instituto de la Propiedad (IP), donde actualmente más de 1.3 millones de propietarios carecen de una identificación metálica oficial.
La ley pretende elevar esta capacidad de respuesta hasta abarcar los 2 millones de placas, asegurando el suministro no solo para el cierre de esta gestión, sino para los primeros años del próximo gobierno.
"Hemos presentado esta iniciativa para que cada ciudadano pueda tener su placa metálica de buena calidad y con tecnología a mano para que puedan ser fácilmente rastreables; ya no más placas de papel, que es lo que vemos hoy en las calles", explicó la parlamentaria Díaz.
Más allá de un trámite administrativo, la iniciativa tiene un trasfondo de seguridad nacional. El objetivo primordial es que la Secretaría de Seguridad retome el control absoluto sobre quién conduce cada vehículo en el país, permitiendo una coordinación estrecha con el Sistema de Emergencias 911.
Con placas metálicas estandarizadas y tecnológicas, se busca frenar el uso de vehículos sin identificar en delitos de alto impacto como el robo, la extorsión, los asaltos y el narcotráfico.
La falta de placas físicas ha generado un "punto ciego" para las autoridades, facilitando que estructuras criminales utilicen distintivos falsos o temporales para cometer ilícitos sin ser detectados por las cámaras de vigilancia.
La nueva ley obligaría a una integración de datos inmediata entre el IP y las fuerzas de seguridad para potenciar el rastreo vehicular en tiempo real.
"Esto nos va a ayudar a combatir la criminalidad; se trata de trabajar de manera coordinada entre el IP y Seguridad para frenar la extorsión y los asaltos que se facilitan cuando el ciudadano tiene que andar con un papel pegado en el vidrio", enfatizó la diputada.
Dada la urgencia de la situación, el proyecto contempla la excepcionalidad en la contratación de las láminas. Bajo el amparo del artículo 35 de la Ley de Contratación del Estado, que permite procesos directos en situaciones de seguridad nacional, se busca agilizar la adquisición de los 2 millones de placas sin los retrasos burocráticos de una licitación convencional, pero bajo un esquema de transparencia estricto.
Díaz subrayó que la contratación directa no debe verse como un proceso opaco, sino como una herramienta de respuesta rápida que será acompañada de veeduría externa.
"La contratación directa ya no la podemos ver como enemiga; hay que buscar la manera de que haya veeduría externa y que se le dé seguimiento de la manera más transparente posible para resolver este problema de una vez por todas", concluyó la parlamentaria.
Con la aprobación de esta ley, el Congreso Nacional busca cerrar una brecha que no solo afecta la recaudación por el uso del parque vehicular y evita la defraudación, sino que devuelve al Estado la capacidad de vigilancia en las carreteras.
