Tegucigalpa, Honduras.- A petición de las defensas, la jueza de letras designada decidió suspender la audiencia inicial para 38 de los 45 involucrados en un fraude millonario cometido en perjuicio del Estado de Honduras.
Se trata de exempleados de la Secretaría de Salud, que fungieron como directores, administradores, guardias de seguridad, entre otros, así como representantes de algunas empresas privadas con las que el Estado tenía procesos contractuales.
La razón de la interrupción de esta cita judicial, es para que el Ministerio Público (MP) les pueda entregar los medios de prueba ofertados por el ente acusador del Estado, a todos los apoderados legales de los encausados en ese expediente investigativo.
Salomón Amador, defensor legal de varios de los involucrados, explicó que "aunque las partes en su momento, solicitarían la prórroga de la audiencia inicial, la juez, de oficio lo decretó, considerando la carga excesiva que tiene la Fiscalía, a lo que se ha adherido la Procuraduría General de la República".
Sin tener a mano las pruebas presentadas por el MP, los defensores de los 38 acusados no tendrían argumentos para poder refutar los medios probatorios, sin antes haberlos conocido y revisado.
Amador compartió que la juez "nos dio semana y media para poder realizar esa pesquisas a los medios de prueba y ya ordenó que se nos entreguen de manera física y digital, para nosotros poder tener un estudio más amplio respecto a lo que el Ministerio Público pretende probar".
La jueza programó el reinicio de la audiencia inicial para el próximo 16 de junio del presente año.
Las acusaciones
Los 45 inmiscuidos en este presunto nuevo caso de corrupción estatal, habrían participado en la asignación fraudulenta de más de 200 contratos para la compra de medicamentos por un monto de 77,945,993 de lempiras.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial parala Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) , entre 2009 y 2014, se llevaron a cabo 208 procesos de compras irregulares de insumos médicos y farmacéuticos, sin que se recibieran los suministros pactados.
Las compras se adjudicaron a las empresas: Quintec, Lofarma, Incorsa, Cedisa, Dicomer y Laboratorios D'La Roja, en los que se evadieron los controles de la Ley de Contratación del Estado, sin presupuestos asignados, sin garantías, y en muchos casos, con documentos que aparentaban entregas no verificadas.
Los hospitales afectados fueron: Hospital de San Lorenzo, Hospital del Sur (Choluteca), Hospital Santa Rosa de Copán, Hospital de Puerto Lempira, Hospital Santa Bárbara Integrado, Hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar (Olanchito), Hospital Atlántida (La Ceiba), Hospital Dr. Salvador Paredes (Trujillo), Hospital de Roatán, Hospital de El Progreso y Hospital de Gracias, Lempira, entre otros.
