EL CASO MÁS GRANDE
EL CASO MÁS GRANDE
Tegucigalpa, Honduras.- Durante más de seis años, exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre directores y administradores de hospitale, habrían participado en una serie de fraudes que afectaron el sistema sanitario nacional. Por este motivo, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en su contra.
Según el expediente del ente acusador del Estado, los servidores públicos permitieron el desvío de fondos millonarios mediante contratos irregulares firmados con empresas fantasmas, en lugar de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2014. Diversos directores y administradores de hospitales en ciudades como San Lorenzo, Roatán, Choluteca, Olanchito y La Ceiba habrían ejecutado estos fraudes a través de procesos de licitación, compras y contrataciones públicas.
El monto total del perjuicio supera los 77.9 millones de lempiras. Según el MP, los responsables, tanto funcionarios públicos como empresarios, diseñaron un sistema que permitió desviar los recursos hacia empresas contratistas sin los debidos controles legales.
Los requeridos
Entre los acusados figuran Óscar Antonio Anariva Cruz, Emérita Donina Matamoros Ramírez y José Adolfo Ortega Hernández, señalados por supuestamente firmar contratos con compañías como Quimtec, Lofarma y Dicomer.
Según el MP, estas empresas, vinculadas a una red de contrataciones fraudulentas, obtenían contratos para suministrar equipos e insumos médicos sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la administración pública.
La investigación reveló que la trama de corrupción no se limitó a licitaciones amañadas, sino que también incluyó la manipulación de documentos, la firma de contratos sin cumplimiento normativo y la omisión de sanciones por retrasos en las entregas.
En muchos casos, las empresas adjudicatarias no entregaron la totalidad de los productos comprometidos o simplemente no entregaron nada.
El MP reveló que se llevaron a cabo 208 procesos de licitación y compras menores, todos orientados a desviar recursos hacia estas empresas, ignorando el debido proceso administrativo.
El incumplimiento de los plazos de entrega fue recurrente. Aunque la normativa establecía la aplicación de multas diarias por cada día de retraso, las sanciones nunca fueron impuestas, lo que permitió a las compañías seguir operando con impunidad.
Además del daño económico, se incumplieron los estándares mínimos de calidad y oportunidad en la entrega de insumos médicos esenciales. La falta de fiscalización posibilitó que las adquisiciones se hicieran sin respaldo presupuestario y fuera del marco legal, lo que evidencia la fragilidad de los mecanismos de control institucional en el sector salud.
Muchos hospitales y centros de salud no pudieron brindar los servicios necesarios, afectando directamente a la población más vulnerable. Al mismo tiempo, el desvío de fondos comprometió la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante emergencias y debilitó su infraestructura básica.
Actualmente, las investigaciones siguen en curso. El Ministerio Público ha solicitado la captura de los responsables, incluyendo funcionarios y empresarios implicados en el caso.
Etiqueta de Transparencia: Este artículo ha sido corregido y optimizado por una herramienta de inteligencia artificial bajo la supervisión y aprobación de un editor.
