Tegucigalpa, Honduras.- Un tenso escenario de incertidumbre jurídica se vive en la agenda migratoria regional tras el vencimiento silecioso del plazo límite para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador.
Transcurrido el plazo fijado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la ausencia de una resolución de cancelación o de una extensión formal en el Registro Federal de Estados Unidos ha sido interpretada en el ámbito legal como una prórroga implícita o vigencia en "stand by" que ampara de forma automática a más de 170,000 salvadoreños por un período de hasta seis meses.
La salida administrativa adoptada por la administración del presidente Donald Trump ante el caso salvadoreño ha desencadenado una ola de cuestionamientos en Honduras, donde la negativa de prórroga a la protección migratoria dejó desprotegidos a cerca e 55,000 compatriotas.
La inevitable comparación entre las gestiones de Tegucigalpa y San Salvador reactivó el debate sobre la efectividad de la política exterior hondureña y la capacidad de negociación con su principal socio estratégico.
Para analistas y exfuncionarios en materia consular, el escenario evidencia una marcada diferencia en los niveles de interlocución gubernamental.
Mientras la diplomacia salvadoreña entabló negociaciones directas al más alto nivel, la estrategia hondureña se limitó al envío de correspondencia formal remitida a través de la Cancillería y la embajada en Washington, una ruta administrativa que resultó insuficiente para preservar el beneficio a los tepesianos nacionales.
"Estados Unidos tomó esa vía fácil porque permitía una extensión para El Salvador sin generar un choque directo con Honduras. La gran crítica es qué pasó aquí: el presidente Bukele hizo una gestión directa con el mandatario norteamericano y en Honduras se envió una carta al secretario de Estado, bajando el nivel de interlocución cuando quien decide esto es Seguridad Nacional", analizó Antonio García, exvicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios.
El exfuncionario consideró que al presidente Nasry Asfura le faltó tomar el tema con mayor determinación para aprovechar los supuestos vínculos especiales con la Casa Blanca.
El diplomático sostuvo que la falta de un pronunciamiento explícito para El Salvador funciona como una extensión automática indefinida que puede prolongarse en el tiempo para no afectar las relaciones bilaterales con esa nación centroamericana.
A su juicio, la coyuntura deja a la comunidad hondureña en una posición de vulnerabilidad frente a las políticas de deportación masiva.
"Lo sucedido con El Salvador era el parámetro que culpabilizaba o exoneraba la gestión hondureña. Al lograrse un resultado favorable para los salvadoreños, la comparación se vuelve inevitable para la oposición, el sector privado y la sociedad civil", agregó García.
Según su criterio, Honduras tenía cartas estratégicas importantes que jugar en la mesa de negociación, incluyendo presencia militar y cooperación territorial, pero no se manejaron con la estrategia adecuada.
Relaciones infructiferas
Por su parte, especialistas en política internacional concuerdan en que los acercamientos del Poder Ejecutivo no se tradujeron en acuerdos concretos ni en el blindaje de la población migrante en territorio estadounidense.
El agotamiento de la vía ejecutiva para el TPS hondureño obliga ahora a buscar opciones alternativas en el ámbito legislativo de Estados Unidos, aunque el panorama en el Congreso norteamericano se anticipa complejo.
"Lo que queda demostrado es que la relación del presidente Bukele con el gobierno norteamericano es una relación de resultados. En el caso de Honduras se creó mucha expectativa por el respaldo recibido, pero eso no es suficiente; se requiere capacidad de negociación, seguimiento y propuestas estructuradas", señaló Graco Pérez, especialista en temas internacionales.
Aconsejó que con el TPS agotado, lo que corresponde ahora es dar apoyo jurídico y consejería desde los consulados, pero no vemos un plan integral para atender a los tepesianos ni ante un eventual retorno
El experto en relaciones bilaterales subrayó que la ausencia de una política exterior coherente ha impedido articular propuestas que respondan a los intereses nacionales de defensa de la diáspora.
Desde la perspectiva de las organizaciones de migrantes en el exterior, el contraste en los resultados obtenidos por ambos países centroamericanos genera frustración entre las familias afectadas, atribuyendo el fracaso a fallas estructurales dentro del cuerpo diplomático nacional y a la falta de continuidad en las gestiones interinstitucionales.
"Para nosotros es frustrante ver la capacidad diplomática de El Salvador para lograr reuniones directas y salvaguardar el TPS de más de 170,000 ciudadanos, mientras que la diplomacia hondureña parece enfocarse en el retorno de los compatriotas", recriminó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
Esto reafirma que el beneficio migratorio se convirtió en un asunto de relaciones bilaterales de alto nivel. A pesar de contar con diplomáticos de amplia trayectoria en Washington y en la Cancillería, Honduras no se logró elevar el tema a un estatus de protección real para 55,000 hondureños.
