Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural declaró este jueves -05 de marzo- sin lugar la petición realizada por la defensa de revocar la orden de captura girada en contra expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por el caso denominado "Pandora".
La información fue dada a conocer por Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien afirmó que la orden de captura y la alerta internacional contra el exmandatario sigue vigente.
"Se notificó a la parte procesal que interpuso esta solicitud de revocatoria de orden de captura que el juez de letras de lo penal, en su parte resolutiva sobre la solicitud y posterior recurso de reposición que se interpuso, declaró sin lugar esa solicitud de revocatoria de orden de captura que fue solicitada por la defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado", informó Silva.
El portavoz explicó que la orden de captura tiene carácter vigente para que pueda ser ejecutada por los organismos de seguridad del Estado.
Explicó que los equipos de defensa técnica pueden interponer una garantía de acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El 11 octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude.
A Hernández Alvarado se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
Sobre el caso
De acuerdo con la investigación de la UFERCO, altos exfuncionarios conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00), que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA.
Hernández Alvarado habría obtenido beneficio de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios.
Entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", además a la sociedad mercantil denominada "La Cachureca", así como a sus gerentes de campaña departamentales.
