Ejecutivos de la compañía Securiport tienen previsto arribar, entre el viernes y sábado, al país para revisar con el gobierno los términos del oneroso contrato de control migratorio, lo que supone que el mismo podría ser renegociado.
Tal como lo informó el ministro de Comunicación de Casa de Gobierno, Miguel Ángel Bonilla, los representantes de la empresa estadounidense llegarán a fin de sentarse a discutir con técnicos de la Secretaría del Interior y Población una 'revisión correspondiente' del acuerdo.
El presidente Porfirio Lobo anunció que no sancionaría el decreto legislativo de aprobación de este contrato para que no entrara en vigencia, en vista del rechazo generalizado de la sociedad por el elevado cobro del servicio de Securiport.
Según lo aprobado por el Congreso Nacional, los hondureños y extranjeros debían pagar 34 dólares (17 por entrar y 17 al salir) por concepto de tasa de seguridad migratoria.
El elevado precio de 34 dólares generó el repudio popular, sobre todo porque también se pretendió imponer un aumento de 30.32 dólares a la tasa aeroportuaria (actualmente de 34 dólares para hondureños) a fin de captar fondos para la construcción del aeropuerto de Palmerola en Comayagua.
Silencio del gobierno
El HERALDO intentó hablar con autoridades de la Secretaría del Interior y de Casa Presidencial para indagar sobre los términos en que el contrato podría ser renegociado, pero no contestaron sus teléfonos celulares.
El contrato establece que la empresa extranjera encargada del control biométrico cobre, a cada pasajero que use cualquiera de los cuatro aeropuertos internacionales, 34 dólares (17 por entrar y 17 por salir del país).
El contrato fue firmado, sin licitación pública, entre el ministro del Interior, Áfrico Madrid, y el director ejecutivo de Securiport, Enrique Segura, el 9 de mayo de 2011.
El convenio se efectuó luego de que el presidente Lobo le ordenara lo pertinente a Madrid, según acuerdo ejecutivo 29-2011, de fecha 24 de marzo de 2011.
El Congreso Nacional aprobó ese contrato mediante decreto 252-2011, en una sesión de la que no se hizo publicidad, el 14 de diciembre del año pasado.
El documento establece que Securiport instalará en las terminales aéreas y 22 aduanas un equipo de registro de huellas dactilares en base a un sistema de ultrasonido.
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Como Securiport tiene el derecho a usar la patente de sistema, el gobierno contrató a esa compañía de forma directa.
Asimismo, pondrá a funcionar un equipo informático y de cámaras de video para recolectar los datos de los migrantes a fin de generar una base de datos.
Los datos obtenidos se usarán para cruzarlos con agencias internacionales para saber si algún pasajero tiene vínculos con el terrorismo o el crimen organizado.
El contrato tiene una duración de 10 años y al considerar que en el país unas 800 mil personas utilizan los aeropuertos para ir y venir al territorio, Securiport recibiría en ese lapso 270 millones de dólares, más de 5 mil millones de lempiras.
Si se aplicaba este cobro, el pago total que hubieran cancelado los pasajeros internacionales habría llegado a casi 70 dólares, ya que actualmente se cancela una tasa de 34.80 dólares para nacionales y 37.80 dólares para extranjeros por salir del país mediante la vía aérea.
De esa forma, también habría generado que Honduras se convirtiera en la nación más cara de visitar en la región centroamericana.
Más barato
El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, dijo tener conocimiento de que la compañía Securiport hace un cobro menor en otros países donde presta el mismo servicio por el que fue contratada en Honduras.
'Es algo de lo que he recogido información y está en otras partes del mundo cobrando mucho menos', aseveró.
Álvarez hizo la salvedad de que la reducción en el cobro puede ser porque el tráfico aéreo en otras naciones donde opera Securiport es mayor y eso le permite tener un mejor mercado, pero no lo puede asegurar.
'A lo mejor esa relación (mayor cantidad de pasajeros) sea la causa, pero sí me han informado que es una empresa seria, que cobra menos, pero aquí era el más carito', remarcó.
Consideró como positivo el hecho de que el mandatario no haya sancionado el decreto de aprobación de contrato porque el convenio debe ser revisado.
'Qué bueno que lo detuvo el Presidente, estoy muy contento, al igual que la tasa aeroportuaria, él la detuvo porque viene en detrimento del pueblo hondureño', manifestó.
Securiport no es el dueño de la patente, sino que hizo una alianza estratégica con la empresa Ultra-Scan Corporation, dueña del invento, para poder vender el sistema.
Esta situación hace generar una duda: ¿por qué el gobierno no firmó el contrato directamente con Ultra-Scan Corporation para poder abaratar el monto?
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Tasa pudo elevarse a 98 y 101 dólares
La presión popular obligó a las autoridades del gobierno y del Congreso Nacional a parar otra tasa impositiva de 30.32 dólares.
Este monto iba a ser adicional a los 34 dólares que pagan los nacionales y los 37 dólares que cancelan los extranjeros por tasa aeroportuaria.
Según los ideólogos de ese 'trancazo', lo recaudado serviría para costear la construcción del aeropuerto de Comayagua en la base militar de Palmerola.
Pese a la oposición de algunos diputados, los 30.32 dólares fueron aprobados, lo que generó airadas reacciones de la sociedad y del sector turístico.
Ante eso, el gobernante informó que la tasa no entraría en vigencia, sin embargo, no se ha sabido que la misma fue vetada.
Si a este 'trancazo' se suma el de 34 dólares por tasa de seguridad migratoria, un viajero nacional y extranjero hubiera pagado por entrar y salir del país, entre 98 y 101 dólares.
