El Congreso Nacional instaló ayer un foro de concertación agrícola entre sectores campesinos y ganaderos para buscarle una solución integral a la problemática del agro hondureño.
Se integró una comisión compuesta por representantes de las organizaciones campesinas, de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), del Instituto Nacional Agrario y del Congreso Nacional.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, presentó el proyecto de decreto para la creación de un Fondo de Acceso y Desarrollo de Tierras, con un fondo semilla inicial de 150 millones de lempiras.
En cuanto a la instancia de concertación, la misma estará integrada por representantes de las varias organizaciones campesinas, de la Fenagh y del Instituto Nacional Agrario (INA).
Campesinos divididos
Al momento de integrar la comisión que forma parte del foro se evidenció la división profunda entre las organizaciones campesinas, al grado que el número de representados de los labriegos es de nueve, frente a tres del sector privado.
Cada una de las organizaciones de labriegos exigió tener a sus propios delegados, por no confiar unos con otros.
En la discusión de este tema, dirigentes de centrales campesinas fueron rechazados por organizaciones adversas, tras acusarse mutuamente de corruptos y de no representar al campesinado. En este fuego cruzado salió a relucir el diputado udeísta zelayista, Marvin Ponce.
Dirigentes como el zelayista, Rafael Alegría, expusieron su oposición a este mecanismo de concertación porque dijo que con esta división jamás se pondrían de acuerdo y es dar largas a la solución de los problemas en el agro.
La comisión nombrada por el Legislativo, se dijo, trabajará sobre las propuestas de reforma presentadas por el diputado Ponce, dos de las organizaciones campesinas divididas y una que presentó la Fenagh.
Contradicciones en CN
Hernández declaró la noche del martes que daba plazo hasta el martes de la próxima semana para que estos sectores se pongan de acuerdo en un “pacto agrícola”, de lo contrario el pleno tomará la decisión.
“Es fundamental encontrar una solución, por eso tendremos una reunión en la que estarán todas las asociaciones campesinas y la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras. Se nombrará a un mediador para que todas las partes queden satisfechas, pero si no se ponen de acuerdo, será el Congreso Nacional el que decidirá”, dijo Hernández.
No obstante, diputados de la oposición han advertido que si esta reforma es impuesta y se contrae a una repartición de tierras de una manera populista y demagógica con un componente político electoral a favor del oficialismo gobernante, no la apoyarán.
La bancada liberal, los diputados del Pinu y los miembros de la Alianza Parlamentaria Nacionalista son de criterio que en el agro debe darse una reforma integral que debe incluir mora agraria, asistencia técnica y crediticia, acceso a mercados y la incorporación de pequeños y medianos productores.
Fondo de tierras
Tras la reunión con los dirigentes del agro, Hernández anunció la creación de un fondo que inicialmente contará con 150 millones de lempiras para que los campesinos puedan comprar tierras y tener capital semilla para hacerlas producir rápidamente.
“Ya tenemos este fondo de 150 millones de lempiras para poner tierras en manos de los campesinos y que las hagan producir. Este es un primer paso, pero sobre la mesa de conversación siguen las reformas a los artículos 51 y 70 de la Ley de Modernización Agrícola”, advirtió Hernández.
El presidente del CN también expresó que el objetivo sigue siendo que las tierras estén en manos de quienes la pueden hacer producir, reducir la mora agraria, facilitar financiamiento y asistencia técnica para los que trabajen en el campo.
Sin embargo, la mayoría de diputados de oposición creen que detrás de todo este movimiento puede haber intereses políticos y demagógicos.
Y es que resulta extraño que hace solo unas semanas, en varios departamentos del país se hayan producido invasiones masivas y de forma simultánea por parte de supuestos grupos campesinos.
Estas tomas, de tierras cultivadas, fueron encabezadas y alentadas por seguidores de la resistencia zelayista. Días después, el Congreso Nacional tenía listo el proyecto de reformas a la Ley de Modernización Agrícola, el cual pudo aprobarse a mata caballo de no ser por la oposición de los partidos que exigieron mayor socialización.
El sector privado ha cuestionado que estas reformas solo conllevan el interés de expropiar tierras ociosas e incultas, pero no contemplaba lo más básico: recursos y asistencia técnica para hacer producir la tierra.
Sector reformado no hizo producir la tierra
La reforma al artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola faculta al INA para que pueda tomar decisiones sobre las tierras incultas mediante la figura de la expropiación.
En el caso del artículo 70, se establece que el campesino beneficiado no pueda vender, alquilar o enajenar las tierras. Si un campesino se retirara de la cooperativa, el derecho se otorgará a otro labriego que quiera trabajar la tierra.
En papel esta podría parecer la reforma ideal, sin embargo, los antecedentes recientes indican que los campesinos del sector reformado mantienen ociosas las tierras entregadas, otros han vendido la principal herramienta que se les entregó para producir.
El exministro del INA, Eduardo Villanueva, confió el pasado lunes a EL HERALDO que no solo los terratenientes tienen tierras ociosas, también las poseen los campesinos organizados que no producen lo que debieran, aunque tienen en sus manos alrededor de 600 mil hectáreas.
El sector reformado, que representa una cantidad aproximadamente de 600 mil hectáreas, no tiene la producción que requiere porque no está organizada la producción, de manera que sea rentable, eficiente y productiva.
En manos campesinos individuales también hay un millón de hectáreas, que enfrentan los mismos problemas de incapacidad de acceder a préstamos y asistencia técnica.
En cuanto a mora agraria, con el decreto 18-2008 que fue declarado inconstitucional, se logró legalizar más de 30 mil hectáreas de las 60 mil que ocupan los grupos campesinos que forman parte de más de 500 expedientes engavetados en el Instituto Nacional Agrario (INA).
