La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reafirmó que sus resoluciones a recursos interpuestos obedecen a razones jurídicas, no políticas.
Así lo dejó claro la magistrada de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz, quien fue una de los cuatro magistrados que votó a favor que se derogue el Decreto Legislativo 89-2012, que crea la Ley de Depuración de la Policía.
Varios sectores, principalmente diputados al Congreso Nacional, criticaron la decisión de la Sala Constitucional de pronunciarse por mayoría que el Decreto Legislativo 89-2012 es inconstitucional, aunque esta decisión no deroga dicha normativa. Curiosamente, ninguno de los diputados se cuestionó si en efecto aprobaron una normativa con vicios de ilegalidad.
“Nosotros, realmente somos jueces, hablamos a través de nuestras sentencias, hemos siempre respetado la imparcialidad, la independencia de poderes del Estado, hemos tratado de ser muy respetuosos y muy prudentes con todas estas declaraciones, cada poder del Estado asume sus responsabilidades, nosotros hemos asumido las nuestras; hemos dictado los fallos conforme a la Constitución y las leyes de la República”, manifestó la magistrada. Por tanto, demanda respeto. Las decisiones que adopta la CSJ en casos concretos “no se toman arbitrariamente, sino conforme a la Constitución y las leyes de la República”, recalcó.
Por tanto, ratificó que el respetar la Constitución y las leyes “es lo que los magistrados de la CSJ estamos haciendo, muy especialmente los de la Sala Constitucional”.
Aclaró estar de acuerdo con la depuración. “Se necesita una depuración, que tiene que hacerse respetando la Constitución y las leyes”, precisó Cruz.
Seis razones
Los cuatro magistrados que votaron para que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de la Policía argumentaron que esta normativa contiene seis violaciones a la Constitución.
“Hay ocho motivos de inconstitucionalidad que presentaron los recurrentes, pero no todos los ocho motivos fueron inconstitucionales, aproximadamente creo que son como seis motivos de inconstitucionalidad”, expresó. Una de ellos, el derecho a la defensa.
“Lo que tomamos en cuenta fueron todas las violaciones a la Constitución de la República que se cometieron tanto con el decreto de la Ley de Depuración Policial como con algunas adiciones que se hicieron a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, donde se suspenden todos los derechos del miembro de la policía a la defensa”.
La posición adoptada por los cinco magistrados no podrá ser público mientras no lo conozca el pleno. Prefirió no profundizar en torno a detalles de la posición adoptada por la Sala Constitucional, en vista de que cualquier valoración que emita de manera pública la expone a ser inhabilitada de participar y votar en el pleno.
Este año
Debido a que no existió unanimidad en la Sala Constitucional, la ley y la Constitución disponen que el expediente deberá ser remitido al pleno para que lo conozca y emita una sentencia definitiva, sea por unanimidad o mayoría de votos.
Cruz confirmó que el expediente ya está en poder del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, quien tiene un plazo de diez días para convocar al pleno de magistrados.
“Esperamos que el señor presidente de la Corte nos convoque para celebrar próximo pleno y tomar la decisión final del caso”, expresó la magistrada, quien advirtió que el período de vacaciones comienza el 17 de diciembre en ese poder del Estado.
