Tegucigalpa, Hondura.- En su desesperada actitud por ocultar la crisis que ha generado a lo interno del ente castrense, el jefe del Estado Mayor (EMC) Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, volvió a mentir y atacar con mentiras y cinismo a los medios de comunicación del Grupo OPSA y a su presidente, Jorge Canahuati.
En su intento desacreditar las publicaciones de EL HERALDO Y LA PRENSA, Hernández no desmiente la información, sino que se limita a tildarlas de falsas y tendenciosas sin mayor argumento, y también ahora amenaza a ambos medios con delito de intento de sedición.
Para ello utiliza el periódico digital de las Fuerzas Armadas (FFAA), el cual está bajo la dirección del relacionador público coronel Irwin Roberto Lara Franco a quien varias veces ha humillado, pero el oficial aguanta porque está en lista de ascenso, según los informes a los que se ha tenido acceso.
Dentro del mismo EMC es conocido como Lara Franco traslada su frustración a los comunicadores exigiéndoles “echar verga contra EL HERALDO”, para cumplir con los desmanes del desesperado jefe del EMC, que cada vez se vuelve más virulento contra sus compañeros, a tal extremo que el sábado recién pasado sacó de una reunión al coronel Miguel Maldonado Castro, jefe del Estado Mayor, general del Ejército y amenazó con darle baja deshonrosa, porque este le exigió respeto.
La degradación dentro del ente militar es una constante que cada vez resulta más visible y que ningún medio de comunicación puede ocultar. Quién no cumple con sus exigencias al margen de la ley, Hernández lo hostiga o lo margina, tal es el caso del también coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas a quien nombró como enlace con el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero como no firmó una nota, colocó al coronel Othoniel Gross Castillo como segundo enlace con el ente electoral. Ahora hay un enlace político y otro operativo.
Esto es una pequeña muestra de la actitud de Hernández, quien al verse desenmascarado por las publicaciones busca ocultar la verdad en el recurso de la falacia; mientras que EL HERALDO y LA PRENSA cuentan con todo tipo de respaldo documental y testimonial, que muchas veces no se exponen para no incrementar la conflictividad dentro de las filas militares.
Para el caso de los perfiles sobre los cabecillas de los colectivos de Libre que han levantado un grupo de oficiales que adversan a Hernández, por considerarlo una amenaza social y para la institución militar por su línea partidaria, las Fuerzas Armadas busca desmentir tal acción con el único argumento de que es una campaña mediática.
Por otro lado, el ver como una afrenta que se diga que los militares en lista de ascenso son parte de los incondicionales de Hernández, como bien lo señalan sus mismos compañeros de armas, es querer colocarlos por encima de una clase privilegiada cuando ellos están dentro de la categoría de servidores públicos como bien lo establece el artículo 2 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y por ende están expuestos al escrutinio público.
Decir que estos oficiales han demostrado en reiteradas ocasiones su amor a la patria en misiones de desastres naturales, en misiones de seguridad, en misiones en la frontera y en protección de bosque, eso es una labor que no la han realizado de manera gratuita, ya que las FFAA al no ser una institución benemérita cuenta con un presupuesto anual- proveniente de los impuestos de los contribuyentes- para el pago del salario mensual de cada soldado y de cada oficial.
El que se mencione el nombre del coronel Alan Barahona Rosales, como uno de los oficiales vinculados al adiestramiento de grupos violentos no es responsabilidad de este medio de comunicación exponerlo ante los entes judiciales, pero si es responsabilidad de las Fuerzas Armadas investigar este caso y seguir el procedimiento establecido en el Código Militar, no hacerlo es complicidad.
El querer responsabilizar a la prensa de la destrucción de una carrera de 30 años de un servidor público, en este caso de un oficial militar, es desconocer que ese deterioro es personal y que cuando se construye sobre la mentira, el delito, la soberbia y el abuso de poder, tarde o temprano será expuesta a la luz por un periodismo de investigación que únicamente tiene como compromiso la verdad y la justicia.
Hernández, al lanzar epítetos contra el Grupo OPSA y su Presidente, se expone como un mentiroso patológico, que lejos de generar credulidad más bien socava la imagen de una institución armada que hasta hace unos años gozaba de un nivel de confianza entre los hondureños.
Igualmente, el proferir amenazas contra el Grupo OPSA planteando el delito de intento sedición, solo demuestra el desconocimiento que en esa institución se tiene de la legislación nacional e internacional, tanto en materia penal como en cuanto a libertad de expresión, prensa e información.
Para conocimiento de Hernández y los oficiales afines, el artículo 532 del Código Penal señala que cometen delito de sedición “quienes se alzan en armas para derrocar al gobierno legítimamente constituido o cambiar o suspender total o parcialmente el sistema constitucional”.
Este artículo más bien podría aplicarse a quienes el Estado les ha dado armas y que atenten contra la democracia y el sistema republicano.
“Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión deben ser castigados con las penas de diez (10) a quince (15) años de prisión, pérdida de la ciudadanía por el mismo tiempo que la pena de prisión e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años”, precisa el Código Penal”.
Las amenazas y falsedades del jefe castrense contra el Grupo OPSA y su Presidente no detendrán la labor del buen periodismo que históricamente EL HERALDO y LA PRENSA ha venido realizando en la búsqueda de la verdad y en la denuncia de los desmanes del poder.
Recientemente, organizaciones nacionales como la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) así como entes internacionales en este caso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Artículo 19 de México, repudiaron y condenaron el ataque sin argumentos del jefe del EMC contra los medios de comunicación del Grupo OPSA y su CEO Jorge Canahuati.
