Colectivos de Libre en el ojo de militares por amenaza de caos electoral
Las Fuerzas Armadas siguen de cerca a los colectivos de Libre en la capital, señalados por su capacidad de movilización y potencial de violencia, ante el riesgo de que intenten alterar el proceso electoral y construir una narrativa de fraude
- 16 de noviembre de 2025 a las 22:00
Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas (FF AA) que adversan las acciones político-partidarias del jefe militar Roosevelt Hernández tiene identificados a los líderes de los 28 colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) que operan en el Distrito Central, Francisco Morazán.
De acuerdo con el mapeo de los militares, el ala anárquica del partido en el poder tiene su mayor fortaleza en la capital, no así en Cortés, donde su organización es muy limitada.
En el Distrito Central, Libre se divide en 28 colectivos en igual número de territorios. No obstante, se detectó que en los reportes no hay información de una de las células —la número 13—.
Cada grupo tiene un área de dominio. Para el caso, el colectivo de La Pradera agrupa a militantes de Las Torres, Flor del Campo, Luis A. Zúniga, La Cantera, La Merrian, Modesto Rodas, El Edén, Los Olmos, Villa Nelita, Inestroza, Nuevas Delicias, Génesis y Santa Bárbara.
El colectivo de El Pedregal tiene influencia en San José de la Vega, Kuwait, Monte Sinaí, Nora de Melgar, San José de la Peña y La Peña de Abajo.
Abarca, a su vez, La Popular, Monterrey, Betania, María Cristina, Las Brisas, Lomas del Cortijo, Brisas del Cortijo, La Burrera, Roberto Suazo Córdova, La Trinidad, Providencia, Óscar A. Flores y Jardines de Toncontín.
Según los reportes en poder de EL HERALDO Plus, los coordinadores de los colectivos no necesariamente residen en las zonas donde operan; varios de ellos provienen de otros sectores.
En el perfilamiento de los líderes y de más de un centenar de miembros de los colectivos hay información sobre sus nombres, lugar de residencia y operación, antecedentes penales e incluso su núcleo familiar. Sin embargo, este medio se reserva su publicación.
También tienen bajo su radar a los líderes de los colectivos de La Nueva Capital, El Carrizal, colonia La Pradera, Tres de Mayo, La Divanna, El Pedregal y San Francisco.
El mapeo incluye los territorios de Libre en El Reparto, La Travesía, San Miguel, Torocagua, Las Mercedes, El Tablón, 23 de Oriente, Mateo, Loarque, salida al Norte, salida a Olancho, salida al Sur y El Piligüín.
En Cortés únicamente enlistan a un grupo que opera en San Pedro Sula, manejado por dos hombres y una mujer.
Otro colectivo se organizó en La Lima, pero está encabezado por dos militantes que residen en el Distrito Central.
Estas agrupaciones, caracterizadas por sus acciones violentas, en ambas ciudades del país son coordinadas por un dirigente en la colonia Villa Nueva de la capital. Este dirigente responde a “las directrices de Manuel Zelaya, coordinador de Libre, así como a otros miembros del partido”, indican los reportes.
“El verdadero cabecilla de estos colectivos es (se omite su identidad), quien tiene denuncias por violencia doméstica; no es Melvin Ceballos, a este solo lo ponen para que dé la cara. Ceballos era una persona que sacaba arena en el río, muy pobre, y ahora tiene su residencia en un barrio capitalino”, dijo uno de los militares que participa en los seguimientos.
Caos en las elecciones
La figura de los colectivos tiene sus raíces en un modelo similar desarrollado en Venezuela y Nicaragua. Afines a los gobiernos de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega, estos cuadros, bajo la imposición del miedo y la violencia, han jugado un papel clave en la disuasión de protestas y la consolidación del Poder Ejecutivo. En Honduras muestran la misma tendencia.
A criterio de Gilberto Ríos, reconocido dirigente de Libre, los colectivos son estructuras operativas conformadas por personas de las organizaciones de base que se han coordinado a lo largo de los últimos 16 años, supuestamente para resistir el golpe de Estado y garantizar la transparencia del proceso electoral.
Según Ríos, la primera misión de los colectivos durante el 30 de noviembre es resguardar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como brindar apoyo logístico en la capital y a nivel nacional, buscando garantizar que la militancia involucrada en el proceso electoral disponga de lo necesario para cumplir con su cometido.
Otra de las labores encomendadas es presentarse en los centros electorales durante el escrutinio. “Luego, hay una labor importante de concentrar todas las actas, conservarlas y tratar de transmitirlas por medios digitales a los centros de acopio del partido”, sostuvo Ríos.
Para el dirigente de Libre, las acciones de los colectivos serán “pura labor electoral y cívica la que vamos a tener ese día 30 de noviembre y el primero de diciembre. No han sido planificados actos violentos por Libre; las reacciones populares se han dado cuando ha habido fraudes electorales, asesinatos de compañeros o persecución política”.
“Nosotros creemos que podemos tener unas elecciones completamente tranquilas, en paz, armónicas con todos los sectores, a pesar de que creemos que vamos a ganar de manera contundente. Vamos a tener la prudencia del caso”, afirmó Ríos.
EL HERALDO Plus también intentó contactar a Ceballos, el rostro visible de los colectivos, para conocer su versión, pero nunca respondió a las llamadas telefónicas.
Entrenamiento de las Fuerzas Armadas
Sin embargo, fuentes consultadas por este medio indican que los colectivos podrían tener un papel conflictivo durante las votaciones, alejado del discurso pacifista pregonado por Ríos.
Y justamente ese rol está influenciado por las Fuerzas Armadas y actividades de adiestramiento, indicó el informante.
Según fuentes militares, al interior de la institución castrense hay dos facciones: una minoritaria que sigue la línea partidaria de Hernández. En este grupo identifican a los oficiales en lista de ascenso, así como a un coronel señalado de ser uno de los adiestradores de los colectivos.
De acuerdo con uno de estos oficiales, que pidió anonimato por motivos de seguridad debido a la “cacería” y purgas aplicadas por el alto mando militar, desde 2022 dan seguimiento a la facción anarquista de Libre.
De forma directa se señala al coronel Alan Barahona Rosales, conocido como “Chóngolo”, como responsable de haber entrenado a miembros de estos grupos violentos. Barahona Rosales fue edecán de Manuel Zelaya Rosales cuando este fue presidente (2006-2009).
Además, su nombre aparece en el informe de una comisión del Ejército que investigó la responsabilidad de militares en el boicot al proceso electoral primario del 9 de marzo de 2025.
Barahona Rosales es considerado uno de los responsables del intento de sabotaje; sin embargo, el alto mando no lo castigó y actualmente continúa como comandante del Primer Batallón de Infantería.
Por otro lado, hay otra facción de oficiales activos de alto rango que no comparten la politización del ente militar y que, en silencio, trabajan en la identificación de amenazas e intentos de obstrucción de las próximas elecciones, mostrando su compromiso constitucional de hacer prevalecer la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.
Parte de esas actividades consiste en detectar acciones violentas de los colectivos de Libre, subrayó la fuente.
Para el general en retiro Luis Alonso Maldonado Galeas, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas deben tener una estrategia para evitar que grupos anárquicos intenten sabotear las elecciones y manipular los resultados este próximo domingo 30 de noviembre.
El mayor papel disuasivo a nivel nacional recae en la Policía y, en menor capacidad, en las Fuerzas Armadas, porque seguramente un 80% de sus efectivos estarán empeñados en garantizar el proceso electoral.
“Así que esto va a depender del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para identificar los sitios de acción y, en razón de ello, tener una respuesta para controlar cualquier tipo de manifestaciones”, explicó.
Ante el posible comportamiento violento de los colectivos de Libre, el oficial en retiro recordó que estos grupos siguen un patrón de intimidación a lo largo del proceso. Una de las primeras muestras fue cuando interrumpieron la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), recordó.
Eso constituyó un delito, pero el Ministerio Público, o a quienes correspondía, o los agraviados, o los mismos partidos de oposición, no iniciaron una acción que, de alguna manera, hubiera disuadido para que no continuaran con este tipo de actuaciones.
“Entonces, ya estamos tomando como natural que los colectivos tienen el derecho de hacer lo que les pegue la gana, interrumpir lo que les pegue la gana, en contra de todo, y particularmente en este periodo crítico para nuestros países”, repudió.
Es muy probable, a juicio de Maldonado, que estos militantes intenten intervenir el día de las elecciones, ya sea durante las votaciones, en el desarrollo del escrutinio al cierre de la jornada o en el corte oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ello, los militares y policías deben tener alguna estrategia para contrarrestarlos.
El libreto es el mismo: construir una narrativa en la opinión pública nacional e internacional de que la candidata oficialista Rixi Moncada es la ganadora desde el mediodía.
Si hay una declaración contraria al anuncio de Libre, entonces activarán la narrativa de fraude y presionarán con fuerza en las calles; para entonces, las Fuerzas Armadas ya tendrán un mayor nivel de respuesta, dijo el general en retiro.
Sobre el rol de las FF AA para proteger el proceso electoral de los grupos violentos, manifestó que, si bien es cierto que una facción está alineada con las pretensiones de Libertad y Refundación y, desde luego, con el discurso político de Moncada, el mando operativo que ejerce el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene sus límites.
Además —prosiguió—, por formación, los comandantes de fuerzas, los comandantes de unidades, de brigadas y de batallones tienen claro que la Constitución ordena no cumplir órdenes ilegales.
El oficial en retiro dejó claro que dentro de la institución castrense la omisión o negligencia para no ejercer el control es un delito militar, y “el jefe del Estado Mayor Conjunto estaría cayendo en una situación que el Código Militar contempla como un delito”.
Asimismo, aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene los ojos puestos sobre el desarrollo del proceso electoral y el papel que jueguen la Policía y, principalmente, las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su mandato constitucional, “y en esto no debe haber ninguna excusa ni tampoco justificación para no cumplirlo”.
El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) acusó al oficialismo de planear una campaña de miedo e intimidación para desalentar la participación en las próximas elecciones, por lo que llamó a salir a votar masivamente.
