Honduras

Roosevelt Avilez declara por cierre de canal

El alcalde de Talanga fue denunciado ante el Ministerio Público por haber ordenado el cierre de Telecentro. El martes y miércoles compró todos los ejemplares de EL HERALDO para evitar que la población conociera las denuncias en su contra.

07.04.2014

Para no caer en el delito de desobediencia, el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, se presentó a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

El titular de dicha fiscalía había girado la citatoria al edil, quien aspira a la reelección por el movimiento Azules Unidos que dirige Juan Orlando Hernández, ya que se le sigue una investigación por el canal de televisión Telecentro en la comunidad de Talanga.

Avilez desatendió el primer llamado que había realizado Enamorado para que se presentara a declarar el pasado lunes, por lo que se le volvió a citar, cita que atendió, y se presentó a eso de las diez de la mañana de ayer.

Kennet Cruz, propietario de Telecentro interpuso la denuncia en la Fiscalía, ya que considera que Roosevelt Avilez es quien ordenó el cierre del medio de comunicación por cable.

Enamorado afirmó que Avilez fue citado
para que para que responda qué tipo de participación tuvo o no en los hechos denunciados por Cruz; se aclaró que acudirá en calidad de investigado.

Influencias

La Fiscalía de Derechos Humanos investiga si, efectivamente, Roosevelt Avilez influyó en las empresas de cable Telecable y Siriavisión para que dejaran de transmitir la señal de Telecentro
desde hace dos semanas.

El alcalde de Talanga al salir de la audiencia con el Fiscal German Enamorado, manifestó “ando haciendo la aclaración porque no tengo nada que ver en este problema”.

“Esas son cuestiones políticas las que se manejan, por lo que se debe investigar a profundidad este caso”, dijo Avilez.

Avilez es investigado por, supuestamente, cometer abuso de abuso de autoridad y delito contra los medios de comunicación.
Por abuso de autoridad se establece una pena de dos a cinco años, mientras que por el delito contra medios de comunicación la pena oscila entre seis y nueve años. Además de eso, se inhabilita de su cargo.

La Fiscalía de Derechos humanos continuará las investigaciones para determinar quién fue que ordenó el cierre del medio de comunicación en Talanga, Francisco Morazán.